CONTRATOS TRUCHOS EN LA LEGISLATURA DE ENTRE RIOS.

Horacio Maciel
Casa-de-Gobierno_2

De los 770 contratos que la Justicia investiga, 256 cobraban simultáneamente en el Senado y en Diputados

El modus operandi al descubierto: los acuerdos establecían que un alto porcentaje del presupuesto de contratos era destinado a los presidentes de ambas Cámaras. El resto se distribuía entre los presidentes de bloque, quienes a su vez lo repartían de acuerdo a la relevancia del legislador, ya sea por su pertenencia geográfica, su peso en el electorado o su impronta política personal. Por lo tanto, los contratos no eran «truchos», sino que contaban con la firma y autorización de las máximas autoridades; la verdadera maniobra ilícita consistía en extraer y apropiarse de los dineros públicos de esos trabajadores contratados.

La causa conocida mediáticamente como «Contratos Truchos» (ahora llamada Contratos | ahora ante el descreimiento y la enorme presión pública no le quedó otra opción a los fiscales de sacar la versión Contratos ||) que investiga el millonario desfalco de alrededor de 53 millones de dólares de las arcas públicas entrerrianas entre 2008 y 2018, expone un mecanismo de recaudación política sistémico. Lejos de ser la obra aislada de empleados infieles, el esquema contaba con la anuencia de las más altas esferas. Los contratos, en rigor, se hacían, se firmaban y tenían su documentación respaldatoria; el delito se ejecutaba cuando las autoridades u operadores políticos se quedaban con el grueso del dinero de los contratados.

Resulta inverosímil para la sociedad sostener que figuras del peso político de José Ángel Allende, Sergio Urribarri, Adán Bahl, Aldo Ballestena, José Lauritto o Laura Stratta ignoraran este desvío y fueran «mexicaneados» por empleados menores que hacían mandados o servían café. Las firmas de las autoridades avalaban el proceso. En este entramado, no faltaron movimientos estratégicos para garantizar el control, como la designación de Néstor Diez como subdirector en la gestión de Lauritto, o el derrotero de José María Otegui, quien pasó de ser director administrativo a auditor, para luego recalar estratégicamente en la fiscalía número 6 del Tribunal de Cuentas.

Los roles de Néstor Diez y José María Otegui son reveladores de que habría algo encubierto.

Néstor Diez fue el hombre de confianza que astutamente José Lauritto, siendo vicegobernador y, por lo tanto, presidente de la Cámara de Senadores, trajo desde Concepción del Uruguay para que fuera sus ojos y oídos en el cargo de subdirector de administración, e incluso para que vigilara al director de administración, Juan Domingo Orabona. NADA DE LO QUE OCURRIERA EN EL SENADO PODRÍA ESTAR AJENO AL CONOCIMIENTO DE LAURITTO, Y MENOS QUE SE ESFUMARA EL 40 % DEL PRESUPUESTO.

José María Otegui es el paradigma máximo que retrata a María Laura Stratta. Al igual que Lauritto, cuando Stratta comandó el Senado recurrió a alguien de su ciudad y ubicó a Otegui como director administrativo. Luego, al final de su mandato como vicegobernadora, hace designar a Otegui en la Fiscalía N° 6 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, área que tiene la responsabilidad de auditar las contrataciones y gastos del Senado. Por lo tanto, Otegui pasó de ser el responsable de las contrataciones y gastos realizados por Stratta a ser el auditor de esos mismos trámites administrativos. Una JUGADA MAGISTRAL para sellar cualquier fisura ocurrida en su gestión. También, un acto descarado de cinismo, una brutal declaración de que «hay muchas (muchísimas) cosas que ocultar». Una alarma que sigue sonando y que los fiscales no deben dejar de atender.

Este escándalo estructural no es nuevo. Ya en los años 2015, 2016 y 2017, antes de que estallara el grueso de la investigación en 2018, existían denuncias previas de contratados a los que les sustraían hasta el 80 % de sus sueldos. Sin embargo, en aquel entonces las causas no prosperaron y la Justicia permitió que prescribieran los plazos. El motivo que sobrevolaba los pasillos judiciales era claro: si se avanzaba, caían todos. Al investigar el desvío de fondos públicos, los fiscales parecen ignorar las causas abiertas por enriquecimiento ilícito que pesan sobre las máximas autoridades legislativas, entre ellos exvicegobernadores, presidentes de cámaras y jefes de bloque, como José Allende, Sergio Urribarri, Aldo Ballestena y Hernán Vitullo. Ante esto, la pregunta resulta inevitable: ¿de dónde sacaron el dinero para enriquecerse? Resulta contradictorio que los mismos fiscales que instruyen estas causas no vinculen un expediente con el otro.

Por ejemplo, en 2021, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó el sobreseimiento de un imputado en una investigación por supuestos CONTRATOS TRUCHOS mientras se desempeñó en la oficina del ex diputado Troncoso, por considerar que el Ministerio Público Fiscal alargó los tiempos de la investigación sin argumentos, cuestión que, dice la Sala, no fue advertida ni por el juez de Garantías, el Tribunal de Juicios y Apelaciones ni la Cámara de Casación Penal. El expediente se había abierto en septiembre de 2018 cuando Carlos Cozzi, un exempleado del diputado, denunció que se le retenía el 70% de su salario. Fue también en esos días, 20 de septiembre de 2018, según la investigación judicial, la Policía detectó movimientos sospechosos en cajeros automáticos del Nuevo Banco de Entre Ríos, en la sucursal ubicada en Avenida Ramírez y Don Bosco de Paraná. Allí fueron sorprendidos Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y otras personas utilizando múltiples tarjetas de débito que no les pertenecían para retirar dinero de cuentas asociadas a contrataciones legislativas. Ese hecho sería el disparador de la causa Contratos Truchos.

En la actualidad, el proceso judicial entró en una etapa de definiciones bajo la órbita de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, quien validó las reformulaciones de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. En las últimas audiencias, el Ministerio Público Fiscal exhibió las copias de los 770 contratos bajo sospecha, cuya investigación y nulidad había sido ordenada en el ámbito legislativo por el actual gobernador Rogelio Frigerio. El dato más contundente que surge de la pesquisa es que, de esos más de 700 contratos investigados, al menos 256 corresponden a personas que cobraban de manera simultánea en el Senado y en la Cámara de Diputados.

La lista completa de estos contratados genera asombro al develar una red de apellidos fuertemente vinculados al poder. Algo que deberá empezar a definir la jueza Barbagelata en este proceso es no obviar cómo se incrementó en forma desmesurada e injustificada el patrimonio de las autoridades legislativas que avalaron esta estructura durante años.

El proceso de remisión a juicio cuenta actualmente con 18 imputados tras el acuerdo de probation de otros doce acusados. La Fiscalía ya presentó una extensa nómina de testigos clave que serán citados a declarar en el futuro juicio oral y público, que promete ser un desfile de exfuncionarios. Entre ellos se destacan el exvicegobernador Adán Bahl; los exsenadores nacionales Sigrid Kunath y Pedro Guastavino; autoridades contables como Federico Tomas, Aurelio Miraglio, Claudia Kelly y Rodrigo Andrés Zabala; los exsecretarios de las cámaras Natalio Gerdau y Nicolás Piernini, además de directivos del Banco de Entre Ríos, Enersa, Pilay y altos funcionarios de la AFIP (actual ARCA).

Listado de las personas que aparecen repetidas en ambas Cámaras (HSER y HCDER). Doble contrato, Doble sueldo.


Son 256 personas en total las que aparecen repetidas en el listado
Listado HSER: 552 nombres
Listado HCDER: 452 nombres
Total 1004. Repetidos 256
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