El exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, emitió un enérgico descargo público luego de trascender una serie de allanamientos ordenados en el marco de una causa judicial en la que se encuentra involucrado. El exmandatario provincial rechazó de forma categórica la existencia de anomalías en su conducta, impugnó el criterio del agente fiscal a cargo del legajo y denunció ser víctima de una maniobra de persecución política apoyada por sectores de la prensa.
A través de un documento oficial, Bordet aclaró que las transacciones objetadas correspondieron a un vínculo comercial legítimo entablado hace más de seis años en virtud de la edificación de una propiedad horizontal. El dirigente justicialista aseveró que las medidas coercitivas recientes carecieron de sustento jurídico sustancial y lamentó la judicialización de operaciones comerciales ordinarias.
Cuestionamientos a la recolección de pruebas y balance del expediente
El exjefe de Estado entrerriano criticó de manera puntual las líneas de indagación dispuestas por el Ministerio Público Fiscal, argumentando una evidente desnaturalización del objeto procesal de la causa:
Criminalización de actos civiles: Bordet consideró desproporcionado que la adquisición de insumos de construcción cotidianos, tales como amoblamientos de cocina y mesadas, se incorporen al expediente penal en calidad de indicios delictivos.
Diligencias accesorias: Ejemplificó la supuesta pérdida de objetividad del caso mediante la reciente emisión de oficios judiciales dirigidos a firmas de comercio minorista con el fin de auditar la compra de electrodomésticos del hogar, entre ellos una cafetera.
Ausencia de delitos complejos: El imputado subrayó que tras meses de auditorías los peritos no detectaron activos en el extranjero, firmas de naturaleza apócrifa ni maniobras de lavado de activos, interpretando que la búsqueda de presuntos testaferros obedeció a la falta de evidencia directa.
El exgobernador recordó que mantuvo una postura de colaboración permanente ante los requerimientos institucionales de los magistrados, ratificando su sujeción al derecho pero advirtiendo que los procedimientos perdieron la razonabilidad técnica exigible en los procesos republicanos.
Pedido de recusación y vinculación con el escenario electoral
En los párrafos de mayor contenido político, Bordet arremetió contra la figura del fiscal de la causa, sosteniendo que la pérdida de ecuanimidad invalidó su aptitud para continuar al frente del legajo. Bajo esa premisa, sugirió que la opción adecuada del funcionario judicial debía ser el apartamiento voluntario para preservar la transparencia y asegurar las garantías del debido proceso.
Finalmente, encuadró el avance del expediente dentro de las tensiones propias del calendario político vigente. Calificó las inspecciones de la víspera como una puesta en escena orientada al impacto público y acusó la utilización de las estructuras del Estado con fines de hostigamiento partidario. Bordet concluyó ratificando que ejercerá su defensa material en los tribunales competentes para demostrar la falsedad de las imputaciones.