Se llevó a cabo una reunión en el salón de audiencia del edificio de Tribunales ubicado en el primer piso del edificio de Peatonal Mitre.
El juez Gabriel Belén, a cargo del Juzgado Civil N° 2 de Concordia, les concedió seis meses de plazo a las 200 familias que viven en el barrio Pampa Soler que tenían orden de desalojo para esta mañana.
Carlos López, vecino y vocero del barrio, expresó a la salida del encuentro que el plazo es un alivio y se comprometieron en hacer un esfuerzo para encontrar una solución definitiva. “Anoche yo no pude dormir porque no sabíamos con que nos iban a salir hoy. Gracias a Dios tenemos seis meses para pelear de vuelta todo esto”, dijo López.
López sostuvo que la propuesta será elevada a Paraná, según se comprometieron desde el municipio para que el gobierno de la provincia lleve adelante la expropiación. El secretario de Gobierno, Luciano Dell Ollio, estuvo presente en la reunión.
La propuesta que llevaban los vecinos de pagar $ 50.000 no fue tomada en cuenta. López dijo que, en todo caso, luego de la expropiación se comprometen a pagar una cuota a la Provincia o, eventualmente, al municipio.
El vecino sostuvo que lo que se busca es solucionar la situación de las 200 familias que habitan 18 hectáreas pero la problemática de habitar terrenos privados en esa zona afecta al triple de ese número. Son cerca de 600 familias que se han ido estableciendo en 300 hectáreas ubicadas en esa zona, que abarca toda la zona circundante a La Bianca, con el correr de los años.
Por su parte, el abogado que representa a las familias afectadas, Carlos Conti, explicó que el desalojo se suspende ya que hay un compromiso de los organismos públicos como el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa y el Fiscal de Estado para encontrar una solución definitiva.
Conti sostuvo que se barajan diferentes alternativas. Una de ellas es la expropiación. Pero, en su criterio, lo más acertado es la aplicación de la ley del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) sancionada en 2018 que había declarado de interés público la integración de los barrios populares – lo que implica acceso a servicios públicos, saneamiento, infraestructura, etc.-, así como la suspensión de los desalojos por cuatro años que luego de una reforma sancionada en el Congreso, en 2022, fue extendida por diez años más.
“Eso fue lo que vinimos a defender a la audiencia, no porque yo quiera si no que es lo que existe. Esa ley prohíbe los desalojos y promueve el proceso de urbanización. Contempla la expropiación, la expropiación inversa. Hay distintas herramientas que contemplan el derecho a la propiedad de estas tierras y a eso le tenemos que dar la mayor celeridad posible”, dijo el abogado.
Conti remarcó que lo que está en juego es la vivienda de más de 200 familias y no de cuatro personas. “Es un terreno muy grande, muy amplio y creo que hay trámites administrativos engorrosos a los cuales hay que darles absoluta prioridad por parte de los entes gubernamentales como la municipalidad, la Fiscalía de Estado, la Legislatura provincial o el Congreso nacional llegado el caso”, indicó.
El letrado no se inclinó por una opción concreta sino que se mostró proclive a encontrar la solución más rápida pero que, a la vez, sea definitiva. “No podemos emparchar esto”, indicó. “Ahora tiene la pelota los funcionarios”, sostuvo.
En tanto, indicó que la propuesta consistente en un pago de $ 50.000 mensuales por vecino es la última opción. El abogado sostuvo si venían a negociar en las condiciones en las que se encuentran las familias hoy, no iban a encontrar ninguna que se niegue a ese pago. Pero la realidad es que algunas pueden y otras no. “Si les preguntas, los vecinos te van a decir que sí pero no los podemos comprometer, para que luego fracase y volvamos de nuevo a la misma situación”, indicó. Además, sostuvo que es una cuestión engorrosa: “hay que hacer informes socio económicos”. Por el contrario, sostuvo que la intención es buscar otra alternativa. “Eso es lo último que se realiza”.
Por último, sostuvo que lo que buscan es alguna herramienta que pueda compensarle al dueño la propiedad privada. “Después que los vecinos paguen al Estado lo que el Estado invierte. Esa es la última etapa pero tiene que ser algo lógico, consensuado, estudiado y preparado”, indicó.