Mariano Gallegos fue designado como interventor, con una remuneración equivalente al “nivel 034″ según la Ley Provincial Nº 8.620.
Por su parte, Mariana Alegre asumirá como subinterventora, con una asignación salarial correspondiente al “nivel 035″ de la misma normativa.
Alegre deberá renunciar a las funciones previamente encomendadas en el Ministerio de Salud, donde se le otorgará una licencia sin goce de sueldo.
El decreto también establece el “cese inmediato” de las actuales autoridades del IOSPER, exceptuando al gerente general, quien continuará en funciones.
Gallegos viene de Buenos Aires. Durante el gobierno de Cambiemos y la presidencia de Mauricio Macri fue funcionario como coordinador del Plan Nacional de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social que entonces comandaba Carolina Stanley, según publicó el sitio Ahora.com.ar.
El expediente cuestiona contrataciones, erogaciones y acuerdos prestacionales no informados a la Comisión y la “reticencia” de las autoridades del Iosper a brindar información, cuyo acceso habrían “obstaculizado” a los miembros de la Comisión.
Los fiscalizadores mencionaron también el “envío fuera de tiempo de los informes financieros mensuales”, estimaron un déficit de 19.000 millones de pesos (un 14% del ingreso promedio mensual) y señalaron la demora en la entrega de prótesis y el retraso en el pago de los reintegros a afiliados.
Además, advirtieron por los gastos en procesos judiciales por “la demora significativa que se produce en el cumplimiento de las prestaciones” y observaron informes del Tribunal de Cuentas con “irregularidades” de pagos a empresas que habrían generado “un presunto perjuicio fiscal”.
“Ante el estado de situación descrito resulta imprescindible disponer la intervención del Iosper para normalizar su funcionamiento y garantizar la adecuada atención de la salud de los afiliados”, considera el decreto de intervención.
La normativa ordena la elaboración de auditorías contables, financieras, administrativas, presupuestarias y legales en la obra social.
Auditorías y medidas complementarias
En los próximos 30 días hábiles, se realizará una auditoría integral que abarcará los aspectos financieros, administrativos, contables, presupuestarios y legales de la obra social. Para este fin, la intervención está autorizada a contratar con universidades públicas.
Además, se ordena la realización de arqueos e inventarios, conforme a lo estipulado por el artículo 75 de la Ley Provincial Nº 5.140, con la obligación de labrar las actas correspondientes.
Informe mensual y presupuesto
La intervención deberá presentar al Poder Ejecutivo un informe mensual detallando la evolución administrativa y prestacional del IOSPER, con el objetivo de normalizar la entidad. Asimismo, se autoriza a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones del decreto.