Frigerio presentará una nueva demanda contra la gestión de Javier Milei por los excedentes de Salto Grande

Agotado el diálogo, que fluye lo justo y necesario con el Gobierno, Rogelio Frigerio presentará en los próximos días una nueva demanda contra la gestión de Javier Milei. Reclamará ante la Corte Suprema por la fórmula de cálculo de los excedentes de Salto Grande que, según indican en el gobierno, hace que Entre Ríos reciba poco y nada.

No hay antecedentes de judicialización, que sea anterior al gobierno de Frigerio y en la Casa Gris están convencidos de que lo que no se judicializa se pierde.

La vía política no resultó en gestiones anteriores y, por eso, esta no es la primera demanda que Frigerio presenta contra Milei. A pesar de su alineamiento político, aseguran que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por conseguir lo que, entienden, le corresponde a la provincia. En esa línea, aparece este nuevo reclamo por el cálculo de excedentes, que se suma a los presentados en abril y que también incluyó la deuda de la ANSES por la Caja de Jubilaciones.

En este caso, la demanda es de tipo estructural y no de deuda en pesos, porque busca modificar una estructura de cálculos que determina la secretaría de Energía de la Nación, responsable de fijar por resolución el precio que se le paga a la represa por la energía que produce, y desde donde salen, o no, los excedentes. Lo que quieren es que estos no queden a discreción del precio que decide Nación.

En abril de este año el gobernador presentó una demanda por la deudaque la Nación tenía con Entre Ríos por la hidroeléctrica de Salto Grande, en concepto de excedentes. En ese entonces, se trataba de los últimos meses de 2023 y todo lo transcurrido de 2024. Esa deuda, junto con la de regalías, sumaba un total que rozaba los 4.000 millones de pesos.

Parte de esa deuda se saldó en los últimos días. Según confirmó este medio, la Nación pagó excedentes de octubre y noviembre de 2023 y está “casi” al día con los pagos regulares mensuales desde abril. La deuda de diciembre, enero y febrero de 2024 todavía está en mora y es de unos 1.300 millones de pesos. Ese monto, que todavía está judicializado, no impide que CAMMESA regularice los pagos mensuales.

Ahora, Frigerio quiere ir por más y pedir que se modifique la estructura de cálculo de donde salen los excedentes. Entre los factores que inciden, uno es el valor del megavatio. La injusticia se evidencia, en alguna medida, en la discriminación que sufre Salto Grande respecto de su par Yacyretá. Mientras que a la entrerriana el gobierno le paga a valor actual de 3.600 pesos el megavatio, a la correntina le paga más de 8.000.

Qué reclama el gobierno de Entre Ríos a Javier Milei
Quienes elaboran la demanda sostienen que la fórmula actual, que deviene de los ingresos y egresos de la represa, hace que a la provincia no le quede “casi nada” en concepto de excedentes. En marzo, el mejor mes de productividad en lo que va del año, Entre Ríos recibió apenas unos 600 millones de pesos por ese concepto, un monto significativamente inferior respecto de lo que recibía hace unos cinco años, o más, atrás. Ese flujo histórico de ingresos por excedentes mermó porque por alguna razón desde la Nación se modificó el cálculo que perjudicó a la provincia, explican.

La demanda que se presentará en los próximos días estará orientada a exigir la readecuación del cálculo que podría concretarse incluyendo directamente en la facturación mensual de Salto Grande un ítem que represente explícitamente el cumplimiento del pago de ese monto que se origina como “reparación histórica” para las zonas afectadas por la construcción de la presa. Ese ítem podría llamarse “Cumplimiento del acuerdo de 1946” o alguna denominación similar, que evidencie claramente el espíritu original de los excedentes: reparar con obra pública los costos ambientales, culturales y sociales que pagó la región cuando se construyó la hidroeléctrica en 1979. En 1946 se firmó el acuerdo entre Argentina y Uruguay.

En el documento que ingresará a la Corte trabaja la Fiscalía de Estado en conjunto con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y la CAFESG, la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande. Este es el organismo que nació de la mano de los excedentes en 1998, cuando se sancionó la Ley Maya que dio forma legal a la obligación que Nación tiene ahora con las provincias afectadas por la construcción de Salto Grande. Esa obligación indica que el gobierno nacional debe girar fondos por ley para “reparar” con obras de infraestructura, riego, navegación, que hasta hoy no se hicieron. Esa ley establece que para Entre Ríos corresponden el 67.5% de los excedentes generados.

Hasta hoy, los cálculos sobre los pagos a Salto Grande se canalizan a través de CAMMESA vía la Secretaría de Energía. Este organismo es el que emite resoluciones fijando el precio de pago, de donde se derivan los excedentes. La última resolución en el tema fue de junio de este año, fijando el precio actual.

En el gobierno entrerriano insisten con que lo que la demanda busca es que las obras que debieran surgir de la operación de la hidroeléctrica no dependan de si hay o no excedentes, según los cálculos de un organismo nacional, sino que estén fijados y establecidos en la facturación misma que la empresa presenta a la Nación. “Una reformulación de la ecuación económica y financiera del contrato”, definió a Letra P una fuente involucrada en el tema.