La iniciativa fue impulsada por el titular de la Comisión de Educación y ex ministro del gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, pero contó con aportes de diputados radicales como Carla Carrizo, de la Coalición Cívica e Innovación Federal.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
«Ley Finocchiaro»
Entre otros puntos, la «Ley Finocchiaro» propone que, en caso de paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga, para garantizar la continuidad de las clases.
Si la medida de fuerza se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementaría al 50%. De esa manera, aunque se permitiría la realización de las protestas, estas deberían llevarse a cabo bajo las condiciones estipuladas por la nueva normativa.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto especifica que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.
Esto permitiría una planificación anticipada y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante las huelgas.