Nación habilitó el uso de cualquier medio de pago del transporte público

En el proyecto trabajaron la Secretaría de Transporte y el Banco Central, que combinan distintas competencias en la cuestión, por lo que conversan desde abril de este año con las empresas involucradas para poder alcanzar acuerdos en la elaboración del texto final.

Finalmente, la decisión se hizo oficial a través de la publicación del decreto 698/2024, que establece: “Amplíase el sistema de percepción de tarifas establecido por el Decreto N° 84 del 4 de febrero de 2009 —norma que implementó el sistema SUBE— y sus modificatorios a otros medios de pago que permitan la interoperabilidad, para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público automotor, ferroviarios de superficie y subterráneo y fluvial de pasajeros y servicios de cablevía”.

De esta manera, el texto aclara que “se entiende por interoperabilidad de medios de pago a la capacidad para aceptar cualquier medio de pago electrónico sin contacto”, por lo que agrega que “se fomentará especialmente el uso de tecnologías que permitan la comunicación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro en el transporte público de pasajeros”.

Por otro lado, la medida también modificó el “convenio marco” que regulaba ese manejo monopólico por parte de Nación Servicios. Esa norma de 2009 lleva las firmas de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido y el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa. Supuestamente, venía a solucionar la “crisis de las monedas”, ya que las escasez de dinero metálico generaba múltiples trastornos para los pasajeros y algunos negocios oscuros.

En este marco, el Gobierno dejó sin efecto el punto del convenio que fijaba a la SUBE como “único modo de percepción de tarifa electrónico”. Además, se dispone que “el Banco de la Nación Argentina será responsable del procesamiento de la totalidad de las transacciones y de la administración y mantenimiento del equipamiento embarcado y no embarcado, en las condiciones que a tal efecto establezca la Autoridad de Aplicación del presente y, de estimarlo necesario, podrá encomendarle el ejercicio de las funciones derivadas de su rol de Agente de Gestión y Administración -en forma total o parcial- a sus sociedades vinculadas en consideración de sus respectivas competencias”.

El considerando de la norma alega que “en función de la aparición de otros medios de pago vinculados a dispositivos móviles y/o a distintas modalidades de pago, se estima necesario dar a los usuarios la posibilidad de abonar la tarifa de los servicios de transporte público de carácter urbano y suburbano con diversos medios de pago, asegurando la interoperabilidad y la compatibilización del sistema actual con otras modalidades de pago, con el fin de promover la competencia entre distintos proveedores de servicios de pago, la innovación y la mejora en la experiencia de los usuarios de dicho servicio”.

La primera de las modificación es que la llegada del sector privado implica un sistema abierto: los dispositivos que se ubicarán en colectivos y estaciones deberán aceptar todas las tarjetas, bancarias o de fintech, de débito, crédito o prepagas, sin ninguna distinción. No habrá marcas o bancos con exclusividades, ni siquiera temporarias.

De igual forma, el Gobierno enfatizó en que “resulta necesario que aquellos medios de pago que se integren al sistema de transporte público de pasajeros garanticen, como mínimo, iguales niveles de seguridad que aquellos que actualmente soporta el sistema, con mecanismos de autenticación y encriptación para proteger los datos de los usuarios”.

Al haber múltiples empresas de transporte (solo en AMBA, la red SUBE tiene más de 340 líneas de colectivos), se espera que haya más de una empresa que ofrezca los servicios de provisión de lectores de tarjeta y el procesamiento posterior de los pagos. El Gobierno no intervendrá en ese tema: “Que haya contratos entre privados, que los transportistas acuerden con las empresas financieras”, adelantaron meses atrás a este medio. En ese último sector se agrupan los adquirentes (aquellos que proporcionan a los comercios el servicios de cobrar por medios electrónicos), las emisoras de tarjetas y otras empresas con capacidad tecnológica para procesar ese enorme volumen de pagos. Y los bancos, por supuesto, manejarán parte de los fondos que hoy administra únicamente el Banco Nación. Las entidades de capital local, agrupadas en ADEBA, habían publicado un documento el año pasado en el que pidieron abiertamente “la universalización de los medios de pago del transporte público”.

El nuevo esquema, al mismo tiempo, prevé que en todos los casos el sistema SUBE siga vigente. Todos los nuevos medios de pago se agregarán al sistema actual. Y sin la incomodidad de que el usuarios “ponga la tarjeta a su nombre”, que genera filas y malhumor en estos días. Por definición, a diferencia de la SUBE, una tarjeta de débito o crédito siempre está identificada con su dueño. Por esa vía, se implementará cualquier tarifa especial.

Para dimensionar el negocio, según el BCRA en enero el sistema SUBE administró 340 millones de viajes por un monto de 22.000 millones de pesos. Más allá de que en el verano se viaja menos (en octubre hubo un pico de 442 millones de viajes), en enero el boleto promedio fue de 65 pesos. Con la reducción de los subsidios en el transporte, ese volumen de dinero crecerá en forma exponencial.

En cuanto a la tecnología, el decreto apunta al uso de tarjetas contactless que permiten el pago con solo acercarlas al lector, ya sea el plástico o bien el teléfono celular que las lleva cargadas, en el caso de quienes usen billeteras como Google o Apple Pay.

“Los organismos privados vinculados a favorecer el mayor alcance de conexión a internet realizaron distintas mesas de trabajo a efectos de evaluar la posibilidad de ampliar los medios de pago actualmente vigentes y garantizar su correcto funcionamiento operativo, así como también las distintas posibilidades de inversión privada para su implementación”, explica el considerando.

Por las características del servicio, informó APF, se abren dudas si se puede utilizar el pago con QR, tal como se había informado tiempo atrás. Si bien el criterio inicial del proyecto era habilitar todos los medios de pago disponibles, los QR podrían quedar excluidos. La dificultad reside en el “tiempo de latencia”: pagar con QR requiere de varios segundos, un tiempo de espera razonable para la caja de un supermercado pero inviable para una fila de personas que pugna por subir a un colectivo o cruzar un molinete de subte. Los pagos contactless, en cambio, se concretan en menos de un segundo.