La doctora María Florencia Prieto – en la misiva dirigida al PAMI, con fecha 27 de julio – denunció que “en lo que respecta a las personas que viven con VIH, hemos tenido que entregar en préstamo desde el servicio de Infectología en innumerables ocasiones desde el año pasado la medicación antirretroviral por omisión, retraso, y otras cuestiones burocráticas”.
La profesional detalló que “todos sabemos que el VIH es una infección crónica y como tal no puede una persona suspender el tratamiento que podría incurrir en aumento de la resistencia viral, descenso de su nivel inmunitario y aumento concomitante de la carga viral”. Además, argumentó, la situación genera “estrés al estar pendiente de que llegue o no la medicación a tiempo, algo que ocasiona trastornos de ansiedad y un estado de preocupación que no debería estar padeciendo el usuario si el funcionamiento del sistema de PAMI fuese correcto”.
Prieto informó además que, “pese a poner la palabra “URGENTE” en muchos de los pedidos, los usuarios no llegan a ser atendidos en tiempo y forma, lo que retrasa el tratamiento en desmedro de la salud”. En ese contexto, dijo que “cuando hablamos de pacientes de PAMI, suelen ser mayores de edad, con dificultades para la movilidad, ya sea por cuestiones económicas como por su propia salud”.
Ante la problemática, la profesional se preguntó “¿Qué se le dice a una persona viviendo con VIH que no tiene medicación para continuar tomando? ¿Quién responde por ésto? ¿Quién puede ser indiferente a este tipo de reclamo más que justo?”
Impotencia
En la carta, la infectóloga reconoció que “el sentimiento que yo tengo cuando una persona se me acerca y desesperada me pide que por favor le preste algunos comprimidos es el de IMPOTENCIA porque muchas veces no tengo, o tengo que cambiar por algo similar”.
Es más, sentenció, “yo no puedo ser indiferente a la necesidad del otro. La medicina es ante todo humanismo, no se puede mirar para otro lado cuando alguien se encuentra en esta situación”.
Según detalló Prieto, “los reiterados reclamos hechos en las oficinas de PAMI local nos responden diciendo que son decisiones y directivas de las autoridades de PAMI central en Buenos Aires pero mientras tanto, los afiliados se encuentran entre la espada y la pared, no pudiendo resolver sus problemáticas y sin que nadie se haga cargo de la gravedad de esta situación que ya se está tornando crónica e insostenible”.
A su entender, “pareciera como si las autoridades y responsables de esta situación en PAMI desconocieran que el año pasado se dictó la Ley 27675, Ley Nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis”.
En ese marco, la profesional citó algunos artículos de la mencionada ley, sobre “el artículo 3° – Acceso universal y gratuito a la salud. Los agentes del servicio público de salud, las obras sociales y entidades enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las empresas de medicina prepagas y todos aquellos agentes alcanzados por la ley 26.682, así como todas las instituciones que actualmente o en el futuro formen parte integrante del sistema de salud de la República Argentina, independientemente de la figura jurídica que posean y de su objeto principal, están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la TBC, y las distintas
herramientas e innovaciones de la estrategia de la prevención combinada; según lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley”.
Prieto citó también el “artículo 6. b) Derecho a recibir un trato digno y respetuoso, sin discriminación ni criminalización de ningún tipo, en todos los ámbitos en razón de su condición de salud”. Además, del “artículo 36.- Sanciones. Para el caso de incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente ley, se establece el siguiente régimen sancionatorio, manteniendo los principios de gradualidad y proporcionalidad de las penas, considerando la reincidencia y gravedad de las conductas”.
Por último, la médica lamentó la problemática y dijo que “existe violencia institucional que vulnera los derechos de las personas que viven con VIH y hago extensivo a todos aquellos usuarios que presentan patologías crónicas que no pueden hacerse esperar (oncológicos, por ejemplo)”.
En la carta, se despidió “esperando una inmediata solución a esta gravísima situación” y recordó que “el 18 de julio pasado se cumplió 1 año de la sanción de la Ley 27.675, esperando que a la brevedad PAMI resuelva la situación y evite sanciones legales”.