El gobernador Gustavo Bordet confirmó que no hay consenso para la reforma de la Carta Orgánica del Partido Justicialista, y se desvanece la posibilidad de internas abiertas. La encerrona de la Ley Castrillón. Los efectos hacia las elecciones que se aproxima.
El Mandatario entrerriano se sinceró durante una entrevista en Radio Uner y echó por tierra las expectativas sobre una reforma que permita la incorporación de las minorías tras la contienda de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “No hay consenso, hay mitad y mitad, está un poco dividido el tema”, explicó el concordiense, pese a que después de los comicios de medio término de 2021 anticipó esa modificación, en un contexto donde Juntos por el Cambio aprovechó esa herramienta para la competencia interna.
El reclamo principal de diversos sectores del peronismo provincial obedece a la relevancia del artículo 40, que fija una metodología a todo o nada respecto a la confección de la boleta final hacia la votación general. “La lista que resulte triunfante en el acto comicial se adjudicará la mayoría de los cargos titulares e igual número de suplentes. Los restantes lugares serán adjudicados por el sistema proporcional D’Hont entre las listas que hubieran alcanzado un mínimo del 10% de los votos emitidos válidos”, describe de manera textual la carta orgánica, con la aclaración específica que se trata de una modificación por Congreso del 7 de mayo de 2005. Desde aquel momento, durante la tercera gobernación de Jorge Busti, esas variaciones introducidas determinaron que la boleta vencedora, de la disputa interna, conquiste todos los lugares con chances reales de ser electos. También puso en la oficina principal de Casa Gris la autoridad absoluta para la definición y conformación de la estrategia electoral y de las candidaturas.
18 años de la Ley Castrillón
La Ley Nº 9659 de Internas, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas, promulgada en 2006, fue autoría de Emilio Castrillón, que además de ser diputado y senador provincial fue vocal y presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Desde su aprobación ha tenido distintas modificaciones, como en 2015 y 2018, aunque sus postulados esenciales siguen regulando el proceso electoral de la provincia. Allí, su articulado establece que las candidaturas para la gobernación deben ser acompañadas por postulaciones del 88% de los integrantes para el Senado provincial y del total de la Cámara Baja; mientras que en el caso de las intendencias tienen que cumplir con la nómina completa para el Concejo Deliberante.
El espíritu de la legislación, puesta en funcionamiento previo a los comicios de 2007, tuvo como objetivo la garantía del proceso interno de todos los partidos políticos, aunque en la práctica produjo la concentración del poder y la imposibilidad de competitividad de listas que no tengan la bendición del gobernador de turno y de la estructura provincial. En aquella ocasión, la coyuntura apremiaba a Busti para elegir a su propio candidato, que luego fue Sergio Urribarri, en una discusión interna donde el actual legislador Julio Solanas, que finalizaba su mandato como presidente municipal de Paraná, no aceptaba bajarse de la pugna por el puesto estelar.
“Está garantizado que va a haber elecciones internas, que quien quiera presentar una lista va a poder hacerlo y va a poder competir. No se le va a negar a nadie que compita”, fundamentó Bordet por estos días, luego de comunicar la inviabilidad de una reforma a la Carta Orgánica. No obstante, aclaró que como gobernador tiene “la obligación de llevar los mejores hombres y mujeres, de poder buscar los máximos consensos y llevar al peronismo al triunfo”. Y agregó que “quienes consideran que no es de su agrado o no es lo deseable, tranquilamente se pueden presentar”, avisando que habrá una nómina elegida desde Casa Gris.
Pruebas fallidas
La propuesta inicial del Ejecutivo provincial en 2018, cuando el actual Mandatario transitaba su primer mandato en Casa Gris, visibilizaba debates y demandas sobre las reglas generales de juego, pero también sobre la propia situación del reconocimiento de las minorías. La propia dinámica de la negociación legislativa, con las bancadas de la oposición, dejó como resultado un texto simplificado que dio nacimiento a la Ley Nº 10.615, que habilitó la posibilidad de desdoblamiento de los comicios, como ocurrió en 2019.
En diciembre de 2021, el propio Solanas, que en 2007 resolvió ir por fuera del Partido Justicialista con la denominada lista 100, presentó un proyecto de Ley con el propósito de fijar un porcentaje mínimo de votos (15%) para la configuración final de todas las categorías que componen las listas, a través del sistema D’ Hont. En su argumentación, la iniciativa estipulaba que los reglamentos, los estatutos y las cartas orgánicas de los partidos y los frentes electorales debían adaptarse a dicha normativa. Esa propuesta tuvo dos raíces: la primera, vinculada al 17 de noviembre de ese año, durante una conmemoración en plaza de Mayo por el Día de la Militancia, cuando el presidente Alberto Fernández afirmó que su “mayor aspiración es que en 2023 desde el último concejal hasta el presidente lo elijan primero los compañeros”; la segunda, relacionada al correlato en la provincia de esa definición nacional, con un anuncio de Bordet, que ideológicamente siempre estuvo a favor de la reforma de la carta orgánica. En esa sintonía emergió el proyecto de Solanas, aunque dos años después, por distintos elementos del escenario político, nada de eso ocurrió.
Consecuencias hacia 2023
Aquella decisión inconclusa fue tomada luego de la derrota de las elecciones de medio término, en un contexto de diferentes ejemplos, incluido Entre Ríos, donde la alianza opositora aprovechó esa herramienta de internas y minorías para movilizar la coalición y fortalecer la lista triunfadora. La negativa a los cambios de esas reglas de juego, frente al proceso electoral que se avecina, condicionará la estrategia de diversas precandidaturas, especialmente aquellas que no cuentan con el respaldo de Casa Gris.
De los nombres anotados para la gobernación, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, y el presidente municipal de Gualeguaychú, Martín Piaggio, no aparecen como prioridades en ese radar de Bordet. Más allá de encuestas y sondeos, en la hipótesis ideal su candidata favorita siempre fue la vicegobernadora Laura Stratta. Luego se sumó a fuerza de buena imagen, y gestión en la capital provincial, el intendente de Paraná, Adán Bahl, que paradójicamente fue su primer compañero de fórmula, aunque nunca funcionó como binomio o sociedad política. También se agregó en el último trimestre de 2022, el actual secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Bahillo, luego de su designación en el equipo económico nacional. Fuera de ese menú de nombres no hay otras alternativas para la mesa chica del Gobernador, lo que deja en oportunidades desiguales, a todo o nada, a Cresto y Piaggio, y a cualquier otra nómina que aparezca, como promueven desde el ex gobernador Sergio Urribarri al historiador Francisco Senegaglia.
Los efectos en la disputa local de cada intendencia tendrán desenlaces disímiles. Por un lado, como ocurrió en distintas coyunturas de las últimas dos décadas, puede ser un ordenador de la situación interna de muchas ciudades, principalmente aquellas donde el peronismo ejerce el oficialismo. Por el otro, también con un listado de ejemplos en la historia reciente, muchas fracciones internas, algunas minoritarias pero con poder real de daño, pueden aventurarse a partidos municipales, frentes vecinalistas o avenidas del medio, que terminan sacando votos a la lista oficial del justicialismo.
Nuevo calendario nacional
El jueves pasado, la Cámara Nacional Electoral oficializó el calendario para los comicios nacionales de este año, que será el mismo cronograma para nuestra provincia en el caso que el Ejecutivo desestime el desdoblamiento de las votaciones. Con la disculpa por la digresión, vale aclarar que esa separación de los comicios, que parecía un mandamiento hace seis meses, hoy no aparece como una máxima en la estrategia electoral de Bordet. Con una mano en el análisis del devenir de las configuraciones económicas y políticas a nivel nacional, y con la otra en el diagnóstico del propio engranaje proselitista provincial, el concordiense esperará hasta el vencimiento del plazo legal, el próximo 27 de abril, para tomar una postura final.
En el calendario nacional, las PASO se efectuarán el 13 de agosto, las Generales se realizarán el 22 de octubre, y la segunda vuelta presidencial, en caso que el vencedor no supere el 45% de los votos, o no obtenga más del 40%, con 10% de diferencia respecto al segundo, se llevará a cabo el 19 de noviembre. Además, el calendario precisa que el 25 de abril quedará determinado el padrón provisorio, que será publicado el 5 de mayo, en la antesala de la fecha límite para la convocatoria de las Primarias, que finaliza el 15 de mayo. Un mes después, el 14 de junio, será la fecha cúlmine para la presentación de los frentes electorales, mientras que 10 días más tarde deberán confirmarse las listas y sus precandidaturas.
La decisión del Gobernador, de dar por terminada la posibilidad de reforma de la Carta Orgánica, deja en una marea de incertidumbre a distintos sectores del peronismo que vienen reclamando una participación activa, con internas en todos los cargos, como metodología para el robustecimiento de una boleta ganadora. Las consecuencias, los beneficios y los daños colaterales, lo dirán las urnas y la comunidad entrerriana.
Por Mariano Osuna