Fiscalía Anticorrupción: ruido en la integración de los jurados técnicos
El llamado a concurso dejó un mal antecedente fruto del contexto que se vive en el fuero penal en la ciudad de Paraná.
El Consejo de la Magistratura convocó al concurso para cubrir las vacantes en la recientemente creada Fiscalía Anticorrupción. La noticia se conoció este martes en el sitio oficial del organismo, donde se publicó la resolución 292.
La convocatoria, en sus considerandos, expresa que “en acto público de fecha 13.02.2023, se realizó el sorteo de jurados técnicos que integrarán el tribunal evaluador de las pruebas de oposición de los concursos mencionados”.
Salieron sorteados Javier Cadenas en representación del estamento Magistrados; Miguel Ángel Federik en representación del estamento Abogados; y Miguel Augusto Carlín en representación del estamento Académicos. Los suplentes son Gustavo Pimentel, Germán Coronel y Daniel Erbetta. Seis lugares, seis varones.
Desde el Colegio de la Abogacía hace un tiempo se viene subrayando que cuesta encontrar matriculadas con la especialidad en Derecho Penal, lo que les dificulta armar una lista para proponer en el Consejo de la Magistratura.
El concurso prevé también los cargos de los fiscales adjuntos, uno con asiento en Paraná y otro en Concordia; y otro auxiliar con sede en esta capital.
Buena prensa
La conformación de los jurados técnicos había traído un debate en torno al perfil de quienes no deberían integrarlo. Según reconstruyó Página Judicial se propuso que aquellos abogados que defiendan a dirigentes políticos en causas de corrupción queden excluidos de cualquier jurado técnico. En el seno del Consejo de la Magistratura el argumento es que hay que dar una señal para afuera ante el proceso de selección para cubrir un área sensible. En rigor, para que a Doña Rosa no le hagan creer sonseras.
El criterio implica dejar afuera a abogados penalistas de renombre y carrera. Podría mencionarse al doctor Julio Federik, que fue quien introdujo la Fiscalía Anticorrupción en la nueva Constitución en la reforma de 2008. Además de haber redactado el Código Procesal Penal de la provincia.
En la decisión aparece una discriminación manifiesta que lima la calidad institucional en post del qué dirán. Raúl Barrandeguy, otro reconocido profesional, convencional constituyente y con experiencia en la función pública, por defender a Sergio Urribarri, tampoco podrá. Penalistas de generaciones más jóvenes, que se desarrollaron al calor del sistema acusatorio y que cuentan con saberes, herramientas y nuevas experiencias como Leopoldo Lambruschini tampoco puede ser, entre otros.
¿Cuántos dirigentes, funcionarios y ex funcionarios defendieron cada uno de ellos en juicios donde se investigaron delitos contra la administración pública? ¿Por hacerlo los pone en un escalón más abajo en el plano de la idoneidad?
Paréntesis: en el caso de Federik sí entró en el sorteo, aunque quedó en lista complementaria. Insólito, pero bienvenida la excepción.
Ese decoro que se pretende para el afuera profundiza el mal funcionamiento del sistema en su seno. Lo carcome en lo esencial, que son las relaciones humanas. La Cámara de Casación Penal de Paraná; integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Gustavo Pimentel; debe atender sobre la apelación de la condena a Urribarri. En ese marco envió una nota al Colegio de la Abogacía para que se controle el otorgamiento de licencias. Fue luego de que precisamente la recibiera Barrandeguy, que la había solicitado por cuestiones de salud. Quien se lo encuentre por la calle, sin hacer esfuerzo, podrá advertir la delicada intervención quirúrgica que se le hizo al veterano y experimentado penalista. La convalecencia la lleva en su rostro. El presidente de la entidad, Alejandro Canavesio, con buen tino, ni siquiera respondió la nota.
Desde un tiempo hasta acá el fuero penal en esta capital se desarrolla en un marco de toxicidad tal que, como contrapartida, pareciera que lo único que ha dejado es al descubierto la calidad de las personas que lo integran. Lo jurídico cuenta cada vez menos.
Lo cierto es que el lunes se hizo finalmente el sorteo “público” como lo dispone el artículo 24 de la Ley N°11.003 y 24 del Reglamento General y de Concursos Públicos del que sólo se enteraron administrativos del organismo. Como suele ocurrir. Se hubiese hecho por streaming y por algún medio de prensa, para que Doña Rosa pueda ver en vivo y en directo el bolillero y no comentar en el barrio lo que de todas maneras supone.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
