La decisión del Frente de Todos, a instancias de Marcelo Casaretto, de incorporar al Presupuesto 2023 un artículo que deja sin efecto la exención del pago del Impuesto a las Ganancias a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales encendió las alarmas; y en el country hay una tensión latente.
Los supremos entrerrianos suscribieron una declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) expresando “profunda preocupación” ante la posibilidad de que se apruebe la iniciativa que los obligue a pagar el tributo.
A través de un comunicado, la Jufejus señaló que la iniciativa “constituiría un avasallamiento a la garantía de independencia funcional y una afectación a las bases fundamentales del sistema republicano y democrático de gobierno”. De ese modo aluden a la cláusula constitucional de intangibilidad, por la cual sus salarios no pueden tener deducciones de ningún tipo.
La entidad le advirtió además al Gobierno nacional su “enorme preocupación” ante el proyecto de reforma impositiva, al que calificó como una “pretensión que vuelve sobre situaciones ya consolidadas normativamente” e instó “a la reflexión, el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas y coherentes a los problemas de la Argentina”.
El pago del Impuesto a las Ganancias para todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017 había sido establecido por la Ley Número 27.346. Sin embargo, su aplicación para quienes ya se desempeñaban en la Justicia había sido frenada por un amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó esa medida cautelar y resolvió la constitucionalidad de la norma. En su acordada sostuvo que todos los que juraron a partir del 1 de enero de 2017 –no solo los que vienen del ámbito privado, sino también los de carrera judicial–, debían pagar el gravamen.
El Presupuesto 2023, a instancias de una propuesta presentada por Casaretto, plantea que todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial deberán tributar por el Impuesto a las Ganancias “independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
Fuente: Página Política