El proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el viernes de la semana pasada define qué perfil dejará Gustavo Bordet después de ocho años al frente del Gobierno provincial. Los principales lineamientos pasan por un ordenamiento fiscal que lleva a un balance superavitario de las cuentas públicas, una baja de las erogaciones en personal, la salida del endeudamiento para financiar gastos corrientes pero también al crecimiento del déficit previsional, una de las principales materias pendientes de su administración.
El texto del presupuesto enviado por el Gobierno señala dos elementos contextuales fundamentales: los dos años de pandemia de Covid 19 y la guerra en Ucrania desatada por la Federación Rusa. Ambos factores han tenido “importantes consecuencias económicas” e impactaron con fuerza en el nivel de actividad y en la inflación mundial con un particular desempeño en la Argentina “que ya venía atravesando un proceso inflacionario” a lo que debe agregarse la restricción externa por falta de divisas y el encarecimiento de la energía.
Los principales postulados económicos de la administración Bordet para el ejercicio 2023 pasan por:
- Una variación de Recursos Corrientes del Orden del 70%;
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Un nivel de crecimiento en los Gastos Corrientes del orden del 61%, apenas por encima de la variación anual del IPC prevista, pero por debajo de la tasa de crecimiento nominal del PIB;
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Un Resultado Económico superavitario de las Rentas Generales del orden de los $ 53.900 Millones (8,4% de los Recursos Corrientes);
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Un Resultado Financiero superavitario de las Rentas Generales del orden de los $ 32.800 Millones (5% de los Recursos Corrientes);
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Un Resultado Primario superavitario de las Rentas Generales del orden de los $ 46.400 Millones (7% de los Recursos Corrientes);
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No se proyecta necesidad de endeudamiento para las Rentas Generales, estimándose servicios de la deuda a futuro, que se ubican muy por debajo del 15% exigido por la ley (alrededor del 6%).
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Un 33% de los recursos del presupuesto corresponden a rentas asignadas, es decir que son fondos con una asignación específica aprobada por Ley, o que provienen de convenios firmados con Nación u otros organismos e incluso con el sector privado. Tienen la particularidad de que se deben aplicar a los fines para los que fueron creados, no pudiendo el Ejecutivo disponer discrecionalmente de ellos ni cambiarles su destino.
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El 67% restante tampoco representa una masa de libre disponibilidad para el Ejecutivo: el 91% de esa cifra estará dirigida a financiar gastos en personal, coparticipación a Municipios, déficit previsional, intereses de la deuda pública.
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Con el 9%, el Gobierno tendrá que atender los gastos de funcionamiento, incluyendo la Uader, hospitales, escuelas, policía, etc.
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De cada cien pesos que ingresarán el año próximo al Tesoro provincial, $ 74 provendrán de giros nacionales de coparticipación y otras remesas. Los otros $ 26 serán aportados por la ATER a través de la recaudación provincial de impuestos.
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Para el año próximo, se estima que los fondos federales crecerán un 78% con respecto al nivel de este año y los provinciales un 65%. Ambos flujos de ingresos tributarios estarán por encima de la inflación prevista para el 2023, que estará en el orden del 60%.
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El 2022 ha sido para las cuentas del Estado un año más que positivo: los recursos ingresados superaron un 18% las estimaciones presupuestarias. Esto ha permitido, destacó el Gobierno, atender la demanda de las paritarias e impulsar programas de crecimiento del empleo y de la actividad económica.
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El presupuesto para el año próximo prevé la constitución de un fondo de reserva para atender la deuda en dólares, que en 2023 comenzará a demandar pagos de capital además de intereses. “Su integración se podrá realizar con los saldos no invertidos de rentas generales resultantes al cierre del ejercicio anterior, y podrá ampliarse durante el ejercicio afectando economías de ejecución, utilidades que genere el propio fondo y/o mayores ingresos del Tesoro Provincial que pudieran producirse”, indica el proyecto de ley. El Gobierno podrá invertir estos fondos en pesos en instrumentos financieros para resguardarlos de la inflación y la devaluación.
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Además, la Administración Bordet espera recibir del Gobierno nacional 9 mil millones de pesos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, conforme a lo estipulado en el proyecto de presupuesto nacional 2023 que debate el Congreso. Este es uno de los principales problemas financieros del Estado provincial. En 2007, el aporte del Tesoro para financiar el déficit era del 24% del total de las erogaciones previsionales y el año próximo se presume que rondará el 38%, con una marcada baja en los recursos propios del sistema, obtenidos de los aportes del personal y del Estado como patronal.
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El año próximo será el tercero consecutivo sin déficit fiscal y sin endeudamiento para financiar gastos corrientes. Esto se apuntala con una reducción del gasto de funcionamiento del Estado, que pasó de un 7,9% de los recursos corrientes en 2015 al 6,28% en la proyección para el próximo.
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El Gobierno ha venido reduciendo el impacto de las erogaciones en personal con respecto al total de gastos corrientes. Ha pasado de un 70% en 2011 a un 62% en 2022.
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En relación a esto, el Presupuesto 2023 señala que la planta de personal ocupada por el Gobierno se ha reducido el 1,2% con respecto a 2021 sin haber realizado despidos ni cesantías, sino con el mecanismo de analizar qué vacante por fallecimiento, jubilaciones o renuncias se cubre para no afectar servicios.
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El Estado ocupará durante 2023, sin contar horas cátedras, a 65.849 personas en planta permanente, a las que habrá que sumar 3.524 más en la planta transitoria.
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La obra pública crecerá un 65% con respecto a 2022. Se destinarán 22,6 mil millones de pesos durante todo 2023.