Ley de VIH: ¿por qué la nueva normativa representa un avance en la ampliación de derechos?
La Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) reemplaza a la 23.978, sancionada en agosto de 1990. En concreto, no solo se trata de una actualización de una vieja normativa por una más adecuada a los tiempos que corren, sino que se trata de una norma que “presenta ventajas en varios sentidos”.
“Contábamos con una buena ley de VIH pero que tenía su antigüedad. Ha pasado el tiempo y en materia de conocimientos biomédicos y, sobre todo, en todo lo que se refiere a derechos de segunda generación hemos avanzado muchísimo durante el último tiempo”, dice Pedro Cahn, médico infectólogo y director científico de la Fundación Huésped. Luego continúa: “Lo que la nueva ley trata de reflejar, a partir de la participación de muchos actores importantes de la comunidad viviendo con el virus, es precisamente un progreso muy significativo. No solo se protege a las personas que lo tienen sino también a las que podrían tenerlo”.
Si bien, como refería Cahn, la sancionada a comienzos de los 90’s significaba un avance, la nueva norma recoge diferentes necesidades manifestadas por las organizaciones civiles durante el presente y busca resolverlas. Por caso, prevé garantizar la disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales para la prevención, el tratamiento y la asistencia. Como resultado: los tests para estas enfermedades serán voluntarios, universales y confidenciales.
Asimismo, apunta a revertir el estigma y quebrar prejuicios: promueve la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el propósito de visibilizar y registrar cualquier clase de vulneración de derechos. En esta línea, prohíbe la prueba de VIH y otras infecciones de transmisión viral en los test preocupacionales; promueve la producción pública de medicamentos para tratar dichas afecciones; así como también, en caso de vulnerabilidad social, brinda la oportunidad de jubilarse con anticipación y acceder a pensiones no contributivas vitalicias. Por caso, quienes tengan diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y dos décadas de aportes jubilatorios podrán acceder a la jubilación a partir de los 50 años.
Una perspectiva integral
Con la nueva norma, el enfoque biomédico es reemplazado por uno que tiene perspectiva de género y una mayor apertura a los derechos humanos. Además, impulsa la capacitación, la investigación y la divulgación de información rigurosa basada en la última evidencia científica. Con el fin de democratizar las condiciones de acceso a la información, dispone la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, compuesta por representantes de los diferentes ministerios, especialistas provenientes de sociedades científicas y demás referentes de la sociedad.
La perspectiva integral se vincula con que no solo ofrece nuevos derechos a aquellas personas que tienen VIH, sino también que incluye a las hepatitis virales, a la tuberculosis, así como también a otras afecciones de transmisión sexual. Y coloca a Argentina, una vez más, a la vanguardia en la garantía de derechos. Al respecto, Cahn subraya: “Cuando se sancionó la primera Ley de VIH no existía el matrimonio igualitario, ni la de Identidad de género. No teníamos, sencillamente, muchas de las discusiones que hoy están sobre la mesa. En el presente, con esta nueva norma, se le otorga un marco de política de Estado, que me parece que justamente es lo que veníamos necesitando”.
La Ley es el producto del trabajo conjunto de más de 200 organizaciones de la sociedad civil que, desde hace casi una década, se involucran en los debates y promueven la creación de una legislación diferente. “Las leyes terminan por consolidar lo que ya está sucediendo en la práctica en la sociedad. Primero los avances se dan de hecho, por el empuje de la gente, y después de derecho. Creo que es una buena noticia y nos ayuda a construir una mirada más comprensiva en relación a las personas que viven con HIV y otras infecciones de transmisión sexual o que tienen el riesgo de padecerlo”, dice el médico de Fundación Huésped.
Cifras y desafíos
Según la OMS, a finales de 2019, había 38 millones de personas infectadas, por lo que aún constituye uno de los principales problemas para la salud pública mundial y, según se calcula, ha ocasionado 33 millones de fallecimientos. En Argentina, se estima que alrededor de 140 mil personas tienen VIH y se notifican, en promedio, 4.500 casos anuales. En las últimas décadas, esta situación se ha modificado por el acceso a mejores estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento eficaces; que provocaron que las personas con el virus puedan llevar una vida larga y saludable.
Se prevé que la sanción de esta normativa sirva como ejemplo para otros países de la región y que el enfoque integral con perspectiva de derechos humanos pueda exportarse rápidamente. Frente a la pandemia del VIH, más allá de las voluntades individuales, las respuestas de los Estados también deben ser globales.
Según Cahn, sin embargo, todavía restan dos grandes desafíos de la lucha contra el HIV en Argentina. Por un lado, el testeo es insuficiente y debe normalizarse: solo testea el infectólogo, cuando los que deberían proponer el testeo son los médicos en general sin importar la especialidad. “De la misma manera que en una consulta, un médico plantea la importancia de medir el colesterol, sería bueno que proponga examinar el VIH”, explica. Por otro, mantener adentro del sistema a las personas que ya viven con el virus: “Debemos mejorar los seguimientos, que nadie abandone el tratamiento antirretroviral. Un 30 por ciento llega a la consulta cuando ya es tarde”.
Por Pablo Esteban
