Para un contrato que en julio de 2021 tenía un valor mensual de $50.000, con la actualización anual pasará a ser a partir de julio de 2022 de casi $75.000, un incremento de 48,23%.
El actual Índice para Contratos de Locación (ICL) tiene en cuenta en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de Los Trabajadores Estables (RIPTE).
Entre las propuestas que se están debatiendo en el Congreso, esta semana varios bloques de la oposición presentaron un proyecto donde se prevé que los contratos -hoy se actualizan una vez al año- puedan tener subas con una periodicidad de entre 3 y 12 meses. Además, se podrán aplicar otros índices de actualización, como el IPC (Precios al Consumidor, el IPIM (Precios Mayoristas) o el índice de salarios elaborados en todos los casos por el Indec.
En este marco de aumentos, el Gobierno oficializó a través de un decreto la segmentación de los recortes del beneficios, por la que se prevé que un 10% de los usuarios de servicios de gas y electricidad pasarán a tener tarifa plena. Según el texto oficial, será con vigencia a partir de junio, retroactiva, y quienes quieran seguir recibiendo los subsidios deberán inscribirse en un registro que aún no está habilitado. La quita de subsidios será gradual (en tres tramos bimestrales) y los usuarios de los deciles más altos terminarán pagando el precio pleno del valor del gas y la electricidad a fin de año.