La Cámara Federal de Casación Penal concedió entre este martes y miércoles al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Entre ellos está el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.
Además, dos de los fallos benefician a represores condenados por el caso conocido como Contraofensiva Montonera. Allí se juzgaron los secuestros, tormentos y homicidios cometidos contra militantes de esa organización que volvieron del exilio para enfrentarse con las Fuerzas Armadas durante la dictadura.
En este contexto, la abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, Guadalupe Godoy, cuestionó a la Cámra de Casación y denunció que “desde siempre, pero fundamentalmente a partir del cambio de Gobierno en 2015, dejó afuera a todo el mundo”.
Por AM750, la militante por los Derechos Humanos explicó que en 2021 hubo un informe del Servio Penitenciario donde se advertía que no estaban en condiciones de asistir a las patologías que tenía Etchecolatz. Sin embargo, “diez días después del primer informe hubo otro donde decían que sí lo estaban”, explicó.
A pesar de la corrección “en Casación dieron validez al primero”. “Tuvimos en simultáneo otras causas más donde se esgrimió esta defensa. Pero ahí sí se entregó el segundo informe”, agregó.
El dilema: privilegios o derechos
Para Godoy se abre, en este contexto, un nuevo dilema y debate al interior de las organizaciones de Derechos Humanos y las querellas de las causas: cuándo se debe entender un fallo como un privilegio para los genocidas y cuándo no.
“Hubo una decisión política desde el inicio de los juicios de juzgar a los genocidas con las mismas normas que se juzga a todos. Entonces, en esas reglas entran algunas cuestiones que tiene que ver con las libertades”, explicó.
Y agregó: “A medida que el proceso se extiende en el tiempo, empezamos a correr con lo que se denomina la impunidad biológica. Etchecolatz tiene 93 años, está internado. Este mismo planeo lo tenemos en otros cinco casos”.
“Estamos en un momento complejo en el que se mezclan varias cosas. Cuáles son los parámetros que vamos a tener en el 2022 sobre qué consideramos impunidad y qué justicia”, precisó.
Godoy explicó que durante la segunda etapa de juzgamientos en el 2006, “las domiciliarias que se entregan las tenían que leer y las leían en clave de privilegios”. Sin embargo, agregó: “Como militantes populares y en un criterio amplio de defensa de Derechos Humanos, la consigna de que se mueran en la cárcel no es la que llevamos quienes querellamos las causas en el ámbito judicial”.
“Si la persona está en una situación terminal, si efectivamente el SPF no está en condiciones de atender las patologías, es entendible. Pero no es el caso de Etchecolatz. Casación”, finalizó.