El Jurado de Enjuiciamiento votó por mayoría la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Después del mediodía votaron el senador provincial Armando Gay y el abogado Gonzalo García, quienes lo hicieron por la destitución de Goyeneche. En tanto, el diputado provincial Gustavo Zavallo votó por la no destitutición de Goyeneche. De esta manera, la votación quedó 5 a 2, según supo ANALISIS.
Este domingo por la noche se sumaron los votos de los vocales Gisella Schumacher y Daniel Carubia, a favor de la destitución de la fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche. Schumacher hizo un voto extenso, mientras que Carubia adhirió buena parte de los argumentos de la vocal precedente y amplió respecto de otros puntos. Antes, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Smaldone fue el primero que votó por la destitución y el sábado, la abogada y presidenta del cuerpo, Verónica Mulone, votó a favor de Goyeneche.
Después del mediodía votaron el senador provincial de Concordia, Armando Gay (PJ) y el abogado Gonzalo García, a la vez director de Asuntos Jurídicos del Senado, quienes se pronunciaron por la destitución. Finalmente lo hizo el diputado provincial Gustavo Zavallo (PJ), quien se opuso a la salida de Goyeneche. De esa manera, Zavallo siguió la misma línea de pensamiento, ya que antes se había opuesto al desplazamiento del Ministerio Público Fiscal en la acusación a Goyeneche, tal como lo propició por mayoría el Jurado, tras lo cual se designó al abogado gualeyo Gastón Justet como fiscal ad hoc. Antes de Justet se habían excusado de participar 16 abogados de la lista de ad hoc. Justet llegó a ese lugar después de haber sido concejal de la gestión municipal del peronista Luis Erro y candidato a intendente de su ciudad, por el peronismo.
Una vez notificada del fallo del jurado, Goyeneche tendrá ocho días hábiles para recurrirlo. El reglamento del Jurado de Enjuiciamiento no prevé ningún camino contra la decisión de remover al funcionario acusado, pero en casos similares, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se admitió que quien fue echado presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de la provincia. Esa vía tomará Goyeneche. Después, si el Superior Tribunal rechaza su planteo, ella interpondrá un recurso extraordinario para llegar a la Corte nacional, según se adelantó.
En sus primeras declaraciones periodísticas, Goyeneche sostuvo que la decisión de echarla es “el primer paso de la gran derrota del sistema corrupto de Entre Ríos” porque dejó a la vista “las complicidades dentro del Poder Judicial y también del sistema político, encabezado por el gobernador Gustavo Bordet”, con la corrupción. De ese entramado en su contra participaron también, según la fiscal, la mayoría de los jueces del Superior Tribunal de Entre Ríos y el “urribarrismo”.
Un poco de historia
A Goyeneche la enjuiciaron luego de las denuncias de tres abogados particulares: Carlos Reggiardo (defensor del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi) por un lado; y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet por otro lado. Le achacaron no haberse apartado antes de la causa por corrupción más importante de la historia entrerriana, conocida como “causa de los contratos truchos” de la Legislatura. Es que en la investigación, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de Goyeneche, llegaron hasta el contador Pedro Opromolla, amigo del marido de Goyeneche y con quien la propia procuradora compartió dos fideicomisos. Los investigadores indagaron, imputaron y pidieron 6 años de prisión para Opromolla. Pese a todo, denunciaron igual a Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia.
Las presentaciones contra la fiscal Anticorrupción se dieron después de que se pidiera la elevación a juicio de la causa, y avanzaron mientras Goyeneche conducía la acusación del megajuicio por corrupción que terminó con el exgobernador Sergio Urribarri condenado a 8 años de prisión y fuera de las Cancillerías que tenía a su cargo.
Los abogados también denunciaron al procurador General de la provincia, Jorge García. Pero esa presentación no fue aceptada por el Jurado de Enjuiciamiento que avanzó con una composición ilegal contra Goyeneche, dado que consideraron que nadie de Ministerio Público Fiscal (MPF) estaba en condiciones de acusarla, y convocaron a conjueces ad hoc (especialmente designados para reemplazar a un vocal del Superior Tribunal de Justicia en caso de ser necesario) para que se la acuse en un jury. De ese modo, invitaron a más de diez conjueces que fueron rechazando la convocatoria por el mismo motivo: no está previsto en la Constitución que la acusación en un jury esté a cargo de un fiscal ad hoc. Las convocatorias rodaron hasta que el abogado de Gualeguay, Gastón Justet, exconcejal justicialista aceptó.
Esa situación, más la suspensión en el cargo y la reducción salarial, provocó la presentación de un amparo en la Justicia provincial por parte de Goyeneche. En una primera instancia, la jueza de feria Elena Albornoz entendió que la conformación del jury con un fiscal ad hoc es inconstitucional y dio la razón parcialmente a la fiscal Anticorrupción. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes apeló el fallo, dado que la presentación es contra el Superior Gobierno de la provincia y cuando llegó al STJ, los vocales Germán Carlomagno, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio, rechazaron el amparo de la procuradora Adjunta.
Goyeneche continuó el reclamo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y consiguió el aval en esa instancia. El expediente volvió por orden del máximo órgano judicial del país a la provincia, con la disposición de tratar el amparo rechazado en una instancia anterior. De ese modo y con una composición integrada por abogados, el STJ debió tratar el amparo de Goyeneche y lo rechazó. Un guiño para el Jurado de Enjuiciamiento que habría frenado la votación.
FUENTE: Analisisdigital