En principio, Arias calificó el juicio a Goyeneche como “un proceso absolutamente ilegal e ilegítimo”, y, para fundamentar tal afirmación, desmenuzó las que, a su entender, serían severas y hasta “burdas” irregularidades. Primero señaló el apartamiento del Ministerio Fiscal del rol acusatorio que la ley le asigna, a eso sumó el nombramiento de un “fiscal ad-hoc” mediante un procedimiento al que calificó de “delictivo”. También apuntó a la integración del jurado de enjuiciamiento con jueces que ya intervinieron en la Causa Contratos que motivó el Jury, aquel 24 de diciembre en que liberaron al cuñado de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y que, por ende, deberían haberse apartado. Por último, la inclusión de un magistrado cuyo hijo fue investigado por Goyeneche, lo que pone en crisis el equilibrio y la imparcialidad de su actuación.
A renglón seguido, José Arias fue por más y no dudó en atribuir al Superior Tribunal de Justicia un “armado” destinado a lograr “visos de impunidad”, del que el Jury a Goyeneche es apenas un capítulo.
En ese “armado”, Arias incluyó al fallo Cozzi, que pretende acotar los plazos para investigar; la repentina urgencia por crear una Fiscalía Anticorrupción bajo un formato determinado; y la propuesta de reforma del código procesal penal, todas iniciativas que, según la mirada del fiscal Arias, parecen propender a la “impunidad”.
Arias señaló que “lo que está sufriendo Cecilia Goyeneche es una persecución política, consecuencia del miedo que tienen funcionarios públicos a que recaigan sobre ellos los resultados que se están viendo en otras actuaciones”.
Por lo cual, según entiende el fiscal concordiense, “acá hubo un montón de causas que ya alcanzaron resultados y un montón que están en trámite. Y en esas causas que están en trámite, los funcionarios que están implicados ven venir que el final del camino va a ser condena. Entonces, toman represalias contra Goyeneche en un proceso absolutamente ilegal e ilegítimo, que tiene múltiples cuestionamientos”.
Apartamiento
En ese marco cuestionó el reproche que se le realiza a Goyeneche por no haberse apartado de una causa que investigaba a una persona con la que tiene vínculos comerciales y de amistad. Para Arias, “eso de no apartarse a tiempo, no es ni más ni menos que un refritado de una causal de recusación que ya había sido discutida en el marco del proceso de la Causa Contratos y que fue rechazada por los jueces”. Afirmando que “ahora la refritan, hacen todo un armado y le dan forma de causa de destitución. Es realmente delirante el planteo, y es tan delirante que necesitan modificar las reglas de juego para que ese objeto tenga valor”.
Seguidamente habló de “la ilegalidad manifiesta del proceso, porque esta gente le ha modificado a Goyeneche no solamente la constitución del tribunal que la va a juzgar. ¿Por qué digo esto? Porque las reglas de todo juicio se fijan de antemano. Cuando vamos a jugar un partido de fútbol ya sabemos cómo son las reglas. A la mitad del partido no se puede decir ‘ahora vale con la mano’. Y acá le están haciendo eso a Goyeneche, le están cambiando las reglas de juego”, aseveró.
Ante la consulta si señala eso porque apartaron al Ministerio Público Fiscal del rol acusatorio previsto por ley, Arias dijo que “esa es una cuestión, que es burda y elemental, y a tal punto que constituye un delito. Ese es un delito, el nombramiento ilegal de un cargo para alguien que no puede cumplir esa función, e implica para el fiscal ad-hoc que asumió un delito que es la aceptación ilegal de cargo”. Pero finalmente, “esta gente encontró en el decimoséptimo o décimo octavo conjuez una persona con paso en la política, candidato a intendente de Gualeguay, predispuesto a llevar adelante la tarea”.
Pero también calificó de “grave” la constitución del tribunal, ya que “los tres jueces del Superior Tribunal que decidieron la apertura del Jury, Carbonell, Carubia y Mizawak, más allá de sus íntimas relaciones con el peronismo, más allá de eso, debieron apartarse. Carubia y Mizawak no podían actuar porque ya habían actuado en la Causa Contratos, cuando lo liberaron a Juan Pablo Aguilera aquel 24 de diciembre. Y la ley de Jury dice que no pueden intervenir los que actuaron previamente en la misma causa que da motivo al pedido de Jury. Ahí ya arranca mal la cosa”.
A lo que se suma que, “ahora, cuando se conforma un nuevo tribunal para juzgarla, se lo vuelve a poner a Carubia, que no se excusa a pesar de ser recusado por Goyeneche, y se lo pone a Smaldone, que es padre de uno de los investigados por la Fiscal Goyeneche”.
Para Arias no hay dudas que Smaldone debería excusarse, “porque es la fiscal que está investigando y sosteniendo una acusación contra su hijo. Pero, además, no sólo es el Jury. También hay otras acciones tendientes a lograr visos de impunidad, en un armado que, entiendo yo, proviene del Superior Tribunal. Hace poco salió el fallo Cozzi, donde el STJ, palabras más, palabras menos, dice que la Fiscalía tiene un tiempo máximo para llevar a cabo su investigación y que, vencido ese plazo, hay que dictar el sobreseimiento de los imputados”.
Favorecer la corrupción
Sobre el mencionado fallo Cozzi, dijo que “es una interpretación del Código Procesal que no se había visto en los 12 años anteriores de vigencia del Código, que justo se produce cuando han empezado a sucederse las condenas por corrupción”.
Incluso se preguntó a si mismo “¿por qué advierto que esto está pensado para favorecer a la corrupción? Porque los tres jueces de la Sala Penal del Superior Tribunal saben perfectamente que analizar un teléfono nos lleva a nosotros tres o cuatro meses. Realizar pedidos de informes a las oficinas públicas que son en definitiva las investigadas lleva meses y meses, nos dan información en cuentagotas. Tenemos que reiterar los pedidos y nos tienen a las vueltas, con lo cual es imposible poder cumplir con los plazos que ellos están ahora fijando”.
Para poner aún más de manifiesto “esta actitud de estos jueces, ellos dicen que hay que acelerar, que hay en derecho un plazo razonable, y, por ejemplo, en la causa de Julio Larrocca, cuando su condena en primera instancia fue en recurso ante el Superior Tribunal, ¡estuvieron más de dos años para resolver una incidencia!”, comparó.
Por lo que, según afirmó Arias, “no hay coherencia o la coherencia es directamente buscar impunidad. Porque yo no puedo hacer otra lectura, porque ellos saben los tiempos que demoran las cosas”.
Reformas
Para Arias, tanto el fallo del Caso Cozzi y el Jury a Goyeneche “no son los únicos actos” que cuestionó, sino que también apuntó a dos iniciativas del Poder Ejecutivo provincial. Puntualmente, “el proyecto que ahora plantea como imperioso sacar la ley de fiscalía anticorrupción”.
Pero también apuntó al “proyecto de reforma del código procesal”, una iniciativa que presentó el gobernador Gustavo Bordet y a la cual los integrantes del Superior Tribunal anticiparon que harían aportes.