El ajuste abarca a usuarios residenciales y empresas. Lo aplicarán todas las distribuidoras y transportistas que operan en el país.
Así, para usuarios residenciales, el cargo será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35%, al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC). Para grandes usuarios, el cargo será del 70%; para subdistribuidores, del 10% y para el servicio general G -para usos no domésticos, en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima- 50%.
La suba de tarifas apunta a disminuir los subsidios que el Estado Nacional destina al sector energético, y es uno de los puntos que forma parte del acuerdo con el FMI. El incremento autorizado este miércoles se vincula con los resultados de la audiencia pública sobre las tarifas de gas que se realizó a mediados de enero último. En esa oportunidad, las distribuidoras propusieron un ajuste del 35% para los usuarios residenciales.
El Poder Ejecutivo recordó que por medio del Decreto N° 1020/20, en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley N° 27.541, se determinó el inicio de la renegociación de las tarifas correspondientes a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural.
Esa normativa previó la realización de Acuerdos Transitorios de Renegociación como una “adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como de las licenciatarias”, de acuerdo con el texto oficial.
El Gobierno aseguró que en las adecuaciones transitorias tarifarias que correspondan “se deberá propender en este período de transición y emergencia sanitaria a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios”.
Un documento de la Secretaría de Energía divulgado en la audiencia pública detalló que el Estado absorbe el 70,9% del costo del gas, mientras los usuarios, el 29,1% restante. También consideró que el Estado debería limitarse a financiar el 44,4% de la factura en marzo de este año y entre 47 y 49% para julio, en comparación con la tarifa del mismo mes de 2021.