Cargos y lugares oficiales, con vinculaciones a vocales del Superior Tribunal de Justicia
En los últimos meses sorprendieron los nombramientos, ascensos y contrataciones de familiares directos de vocales del Superior Tribunal de Justicia. Algunos de ellos se produjeron en el momento de mayor tensión entre los integrantes del Jury de Enjuiciamiento y los procuradores Jorge García y Cecilia Goyeneche, a quienes se objetan cuestiones vinculadas a la causa contratos truchos legislativos.
La más beneficiada de los últimos tiempos fue la vocal Claudia Mizawak, integrante de la Sala Penal del STJ y del tribunal que enjuicia a Goyeneche, aunque fue recusada, al igual que su compañero Daniel Carubia. Su sobrino, el contador Ramiro Camino, fue nombrado presidente de ENERSA, la empresa de energía de Entre Ríos. Camino ya estaba como síndico en la estructura de la empresa y de esa manera tuvo un ascenso, para reemplazar al ingeniero Jorge González. Camino es considerado alguien muy allegado al propio gobernador Gustavo Bordet.
A mediados del año pasado, Tomás Proske fue nombrado como titular del Instituto del Seguro de la provincia. Fue para reemplazar a Juan Domingo Orabona, quien pasó a integrar la Comisión Mixta de Salto Grande. Proske es yerno del vocal del STJ, Germán Carlomagno y hacía más de cuatro años que integraba el directorio del IAPS. El abogado, de 44 años y oriundo de Concepción del Uruguay, fue colaborador de José Eduardo Lauritto entre 2013 y 2015, cuando era vicegobernador. Y en esa estructura autárquica fue donde más movimientos se registraron en los últimos meses.
Susana Emilce Mizawak ingresó al IAPS en febrero de 2007 y actualmente es gerente de la filial Santa Fe del organismo. De hecho, ella vive en Colastiné, en la vecina provincia. Ingresó a esa estructura del estado cuando Jorge Busti cumplía su último mandato, Sergio Urribarri era aún ministro de Gobierno y Claudia Mizawak fiscal de Estado, aunque en diciembre de ese año asumió como vocal del STJ. Urribarri ya había asumido como gobernador.
El hermano de Susana Mizawak, Germán Mizawak, ingresó al IAPSER en mayo del año pasado y en noviembre de este año pasó a ser gerente de negocios privados del organismo. Pero el 3 de diciembre, fue nombrado nuevo presidente de Sidecreer. Susana y Germán Mizawak son hijos del fallecido empresario Enrique Mizawak, hermano del padre de Claudia Mizawak, don Jorge Abraham Mizawak, conocido empresario inmobiliario y con negocios con varias constructoras ligadas al poder político.
En el IAPSER de Santa Fe fue designado hace no más de tres meses Santiago Carubia, hijo menor del vocal del STJ e integrante de la Sala Penal, Daniel Carubia. En febrero de 2008, por pedido expreso del vocal Daniel Carubia, ingresó como empleado de la Cámara de Diputados de la Nación con Cristina Cremer, pero perduró allí hasta diciembre de 2015. A principios de 2016 pasó a ser contratado de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, a poco de asumir Sergio Urribarri como presidente del cuerpo y permaneció en ese rol hasta el final del mandato. No obstante, cuando fue el juicio político a Carlos Chiara Díaz (exintegrante de la Sala Penal del STJ junto a su padre) dejó de ir a su lugar de trabajo. O sea, fines de 2016. Ahora retomó la actividad oficial en el IAPSER Santa Fe. Un detalle: el primer día laboral, Santiago Carubia llegó en un Mercedes Benz, que conduce habitualmente y fue la sorpresa del día entre los empleados de la cochera del organismo.
Mientras tanto, Martín Francisco Carbonell, de 29 años, hijo del otro vocal del mismo nombre en el STJ, aún presidente del cuerpo, primero ingresó a la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (en octubre de 2020) y luego pasó a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), donde actualmente se encuentra, con una remuneración superior a los 450 mil pesos mensuales. O sea, la estructura del Estado nacional donde se encuentra como director Orabona, uno de los referentes más cuestionados por su rol como administrador del Senado en la causa de los contratos truchos legislativos, donde se desviaron 53 millones de dólares, por lo cual fueron objetados -respecto de sus roles-, los procuradores Jorge García y Cecilia Goyeneche.
Fuente : Analisis Digital
