Los datos se desprenden de un informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP).
Según un informe de la Fundación Observatorio PyME (FOP), una pyme recibe un juicio laboral en contra cada 10 empleados. El estudio destaca: “La litigiosidad laboral es hoy menor que en el pasado a pesar de que se mantiene su nivel de intensidad con tres demandas por empresa entre las pyme manufactureras y dos en el sector de software y servicios informáticos (SSI)”. Entre las causas que llevan a juicio son: indemnización por despidos y accidentes y enfermedades.
El informe del cual Infobae se hizo eco, agrega: “La difusión de la litigiosidad laboral se redujo en los últimos cuatro años, pandemia mediante, pero la intensidad se mantuvo. La proporción de empresas afectadas se redujo en un 40% (pymes manufactureras pasaron de 34% involucradas en demandas laborales en 2017 a 20% en 2021, mientras que en pymes de servicios informáticos pasaron del 21% al 13%), pero la cantidad de litigios por empresa, en promedio, persiste, con tres para manufacturas y dos para servicios avanzados”.
En lo que respecta a estas demandas, hubo más entre las empresas manufactureras medianas (51 a 250 ocupados) y menos entre las pequeñas (10 a 50 ocupados). Pero diferencia que términos de dimensión media de cada segmento, “las compañías medianas enfrentan una demanda cada 20 ocupados y las pequeñas una cada 10”.
El informe agrega que durante la pandemia hubo una dinámica de acuerdos laborales para un 40% de las empresas micro, pequeñas y medianas, con diferencias por tamaño, sector y región. En junio del 2020 contaba con acuerdos homologados ante la autoridad laboral como mecanismo de ajuste ante el impacto de la pandemia: un 31% de las empresas de hasta 800 ocupados de diferentes actividades, dimensiones y localización tenían algún tipo de riesgo de conflicto laboral.
FOP detalló que hubo un 60% de las pymes mantenían condiciones laborales sin necesidad de concertar condiciones especiales frente a la crisis pandémica. Hay un 13% sin acuerdos y del 18% que acordó posiblemente sin homologarlo, el informe remarcó que una potencial consecuencia serían desvinculaciones y demandas que llegarían a la Justicia laboral.