Graciela es docente, se casó y se fue a vivir a Salto (ROU), pero desarrolla su tarea profesional en Concordia. Por el cierre de las fronteras para visitar a su mamá en Federal debe hacer unos 900 kilómetros, y gastar según por donde pueda pasar, entre 40 y 70 mil pesos. “No es justo”, dijo; al tiempo que contó que hay unas 310 familias que están en su misma situación en la zona de Salto-Concordia. “Hay padres argentinos que tienen a sus hijos en el Uruguay y no han podido verlos, muchos no han podido cobrar, y otros se han muerto sin poder ver a sus padres, o su hijos”, contó la docente federalense. ESCUCHE UN FRAGMENTO DE SUS DECLARACIONES RADIALES.
“No es justo”, dijo Graciela González, integrante del Grupo Puente, conformado por personas que viven o trabajan de un lado u otro del Río Uruguay, que separa a las ciudades de Concordia y Salto. La docente federalense antes de la pandemia recorría para llegar a su trabajo los 8 kilómetros que separan a esa dos ciudades por el paso sobre la represa de Salto Grande; hoy debe viajar hasta Colonia del Sacramento o Montevideo, para pasar a la Argentina y desde allí trasladarse hasta Concordia, donde desarrolla su actividad profesional, o Federal, en donde vive su mamá.
“Para volver por Buquebus o por Colonia Express necesitas un PCR que te lo hacen en el mismo buque, y una declaración jurada; con ese mismo protocolo podríamos volver por los puentes”, expresó Graciela González al programa “Radio Sábado” de Radio Integración 90.5 de Federal.
El Grupo Puente, que integra la federalense, ha realizado un censo para saber cuántas son las personas o familias binacionales, determinándose que son 310 los grupos familiares que realizaban antes de la pandemia el cruce por el puente Concordia-Salto, y que ahora están vedadas de poder hacerlo.
González dijo que no son ciertas aquellas argumentaciones, expresadas principalmente por los medios de comunicación, que entregan como excusa que ahora son las autoridades uruguayas quienes no tienen apuro en abrir los pasos fronterizos, por el daño que comercialmente produciría a ese país los viajes de compras de ciudadanos de la ROU a las ciudades argentinas ribereñas. “Un uruguayo para pasar a la Argentina tiene que hacerse un PCR, y otro para volver; o sea son 200 dólares que va a tener que pagar para venir de compras, y además la aduana no te permite pasar con cosas”, y agregó “esto es algo que se habla a través de la prensa pero en la realidad es algo irrisorio”.
Graciela dijo que este tiempo de interrupción de los pasos fronterizos dejaron historias muy tristes. “Hay padres argentinos que tienen a sus hijos en el Uruguay y no han podido verlos, muchos no han podido cobrar, y otros se han muerto sin poder ver a sus padres, o su hijos”.
“A partir de septiembre los gobernadores tenían la facultas de poder solicitar la apertura de las fronteras. Que es lo que paso aquí en Entre Ríos, no sé. Nosotros como grupo, y desde el inicio de la pandemia hicimos notas formales a migraciones, al gobernador, al presidente de la nación, entre otros, no para pedir la apertura de fronteras, sino la flexibilización para las personas que tenían razones para cruzar, de un lado y del otro; pero nunca llegamos a mover la empatía de los gobernantes”, terminó manifestando la federalense Graciela González. (Federal al Día)