El Magistrado centró su decisión en la documentación aparecida en octubre de 2019 que obligó a reveer la decisión anterior del juez federal Leandro Ríos de rechazar el pase de la investigación al fuero federal.
“La documental agregada formalmente a la investigación por parte del Ministerio Público de la jurisdicción Ordinaria sugiere, con elevado grado de probabilidad la investigación de cuestiones reservadas en forma exclusiva y excluyente por la normativa federal a la jurisdicción de la Justicia Nacional Electoral, al comprometer severamente la financiación de los Partidos Políticos en su intervención en diversas campañas, hechos que no desparecen con la aprobación administrativa por parte de la Justicia Electoral en los supuestos de eventuales delitos”, consideró Alonso.
La documentación referida está compuesta por anotaciones realizadas por el acusado Hugo Mena, donde figuran presuntas transferencias y retiros de fondos por parte de diversas personas del ámbito político para cubrir gastos de campañas. Son 26 hojas que se dejaron en la puerta de un estudio jurídico y que, mediante pericias, se logró comprobar que eran de puño y letra de Mena.
Este hecho nuevo “denunciado y la documental y demás prueba producida con posterioridad desplazan tal razonamiento (el que había aplicado antes Ríos) por resultar en forma diáfana del estado actual de la investigación, que el posible destino y/o la aplicación del producto o provecho del delito investigado, habría sido derivado a la actividad político-partidaria para su aplicación a las campañas llevadas a cabo en forma conjunta por la Jurisdicción Nacional y Provincial cuyo control de legalidad se encuentre expresamente a cargo de la jurisdicción especializada atribuida a este Juzgado Federal con competencia electoral”, abundó Alonso.
Por ello, el Juez resolvió hacer lugar al pedido que habían presentado un grupo de abogados defensores de los acusados y declarar “la procedencia del fuero Federal y la competencia del Juzgado Federal N° 1 de Paraná –con competencia electoral- para entender en los hechos investigados en la causa”, denominada “Beckman”, donde se investiga el presuento desvío de fondos de la Legislatura a través de contrataciones irregulares.
Alonso requirió a la jueza Barbagelata la remisión del expediente para que su tramitación continúe en el fuero federal. La decisión está fechada este miércoles 9 de junio y ya fue comunicada a las partes, por lo que será cuestión de horas que la magistrada provincial tome nota de la definición.
El juez que resolvió la competencia federal en el caso subrogó a Ríos, quien fue recusado por las defensas de los imputados. La Cámara Nacional Electoral hizo lugar al planteo y giró la resolución a Alonso, quien al recibir la petición pidió al Tribunal que lo confirme, obteniendo una ratificación.
El Ministerio Público Fiscal de la provincia había solicitado hace unos días la elevación de la causa a juicio, después de tres años de investigación.
