Apuntan a Frigerio y un diputado provincial por las inversiones en Islas

El Barrio Náutico Sagastume es un emprendimiento inmobiliario de Rogelio Frigerio, ex interventor del Pro en Entre Ríos, y recibe cuestionamientos de los pobladores de la zona, que lo señalan por afectar recursos hídricos con obras públicas que el Estado financió para beneficio privado.

El desarrollo inmobiliario se encuentra en la zona del departamento Islas, en el sur entrerriano, sobre la Ruta Provincial 46, y comprende 550 parcelas de un promedio de 600 m2 con salida náutica al río Uruguay.
Según el informe provincial, algunas de las inversiones son con el diputado provincial Martín Anguiano (Cambiemos-Villa Paranacito). Desde el ámbito del ministro se desligaron del emprendimiento y dijeron que es municipal.
El sitio BigBangNews publica –y es reproducido por Análisis Digital– un extenso informe del periodista Diego Genoud sobre las inversiones del actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el sur de Entre Ríos.
El desarrollo se encuentra en la zona del departamento Isla, en el sur de la provincia, sobre la ruta provincial 46, y comprende 550 parcelas de un promedio de 600 m2 con salida náutica al río Uruguay. Villa Paranacito está ubicado a 88 kilómetros de Zárate y a 110 de Gualeguaychú, pero la localidad importante más cercana es Nueva Palmira, a 40 kilómetros, al otro lado del río Uruguay.

“Lo de Frigerio es emblemático, no hay otro caso igual en la zona. El campo era un bañado y es una herencia, se llama El Guasuncho. Son alrededor de 4.000 hectáreas que originalmente tenían a la ganadería como actividad principal. Hay 2.500 hectáreas endicadas”, dice Jorge Temporetti, el presidente de filial Delta de la Federación Agraria, uno de los críticos que se anima a levantar la voz.

Los voceros del ministro del Interior desligaron a Frigerio del emprendimiento y dijeron que el barrio náutico es municipal, abierto al público y que, además, está frenado: carece todavía de agua, luz, gas y cloacas. Pero no respondieron a ninguna de las preguntas y cuestionamientos que recibe Sagastume.

• Alto Delta S.A.
Frigerio está asociado con Martín Anguiano, actual diputado provincial de Cambiemos, en tres empresas: Desarrollo Inmobiliario Alto Delta S.A (DIASA), Inversiones Alto Delta y Nogales de Entre Ríos.
En setiembre de 2010, presentaron juntos el barrio náutico en la Bolsa de Comercio en compañía del matrimonio que gobernó durante 24 años Villa Paranacito y representaba entonces al Frente para la Victoria (FpV) en el municipio: el entonces senador -y ex intendente durante 12 años- César Melchiori y su esposa, la entonces intendenta y actual diputada provincial Carmen Toller, que gobernó desde 2003 hasta 2015. Antes de dar el salto a la política, Anguiano era director de un periódico que orientaba el senador Melchiori.

“Para justificar el millón de pesos que puso el municipio para pagar el abastecimiento de luz del barrio náutico, que costaba 2 millones, le pasaron a llamar Barrio Náutico Municipal Sagastume”, dicen en el pueblo. Frigerio no es el único que eligió Villa Paranacito para afincarse. El banquero Eduardo Escasany, el ex ministro de Economía Roque Fernández y el ex presidente del Banco Central Pedro Pou son dueños de decenas de miles de hectáreas. Pero Rogelio sí es el único que desarrolló un emprendimiento inmobiliario cuestionado por las fuerzas vivas de Paranacito.

“Esta es toda tierra inundable, pero ellos quieren tierra firma en el Delta. Acá se están haciendo cosas que crean las condiciones para que ante un evento grave de la naturaleza tengamos una situación como la que generó el Katrina en Nueva Orleans. No es para mañana y uno no quiere que pase. Si quieren hacer rutas y diques que van cercenando todas las zonas de paso del Paraná, con los caudales que tiene, quiero que me expliquen por dónde van a pasar el agua”, afirma Temporetti.

Los críticos del Barrio Náutico de Frigerio sostienen que no se presentó ningún estudio hidráulico serio que demuestre la factibilidad del proyecto. “El problema es que no hacen los estudios, cercenan el agua, quieren hacer un dragado y usan los recursos del Estado para beneficiarse”.

A fines de 2014, el ex diputado provincial Lisandro Viale presentó un pedido de informe en la legislatura entrerriana que nunca fue respondido. “Frigerio tiene un emprendimiento privado pero el Estado le llevó asfalto hasta la puerta, le está dragando el paso y le puso energía eléctrica con el 50 por ciento de un transformador que pagaron la provincia y el municipio con dos millones de pesos”, dijo Viale.

• Las inundaciones
El Barrio Náutico de Frigerio volvió al centro de la escena este año por dos razones: las inundaciones en Villa Parancito y la discusión por la Ley de Humedales, que el presidente Macri prometió en febrero de este año durante un acto en Pilar y que está frenada en el Senado.

Villa Paranacito tuvo una inundación muy grave entre marzo y junio de este año. Algunos la comparan con la más grande y prolongada de la historia, en 1983, que duró casi un año y medio. Hubo otras en 1992 y 1998 y una en 2010/2011, que fue muy dañina porque vino en verano. Los vecinos la atribuyen a los desarrollos inmobiliarios.
Las últimas inundaciones en Villa Paranacito reavivaron el debate sobre el tratamiento de los cauces de agua del delta entrerriano, con diques y obras que afectan el normal curso de las aguas.

El presidente de la Sociedad Rural de Islas del Ibicuy, Armando Cadoppi, dice que en los últimos 10 años, el Delta se desarrolló sin un plan integral y se convirtió en un laberinto de caminos.

“Las inundaciones se deben a que llueve y viene el agua de Brasil. Pero la excesiva permanencia de las aguas en los campos se debe a obras ilegales sin control ni regulación y sin plan integral de manejo hídrico. Hoy muchos campos que están inundados hace 24 meses, por ende improductivos, y tenés un conflicto ambiental y social. El Estado quiere cobrar impuestos y los productores no pueden”.

Al lado del ministro del Interior, cuentan que el propio Frigerio tuvo su campo inundado durante tres meses y eso le impidió viajar en las últimas semanas a la provincia que adoptó como refugio.

“Todo es ilegal. Existe la ley pero nadie la cumple. Para llevar adelante un proyecto, hay que avisar al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), que hace un año y medio que no funciona por presiones políticas. Ellos dicen tener un permiso pero en Corufa no está registrado”, dice Cadoppi, que además es primo de Rogelio Frigerio.
El dirigente de la Sociedad Rural sostiene que se trata de una superficie muy grande y muy elevada y que no es un modelo a replicar. ¿Por dónde iría el agua cuando viene una creciente? se pregunta. “La concepción no es seguir evitando que el agua entre sino darle espacip para que el agua corra. La gente que vive en Sagastume es de Buenos Aires y el conflicto se le genera a los que viven en el lugar. Si no estuvieran pensando únicamente en su interés personal, tendrían que dar un ejemplo”, dice Cadoppi.
Para el ingeniero Fernando Daniel, miembro del Cómite de Hidráulica de la Sociedad Rural, la situación se está deteriorando de manera alarmante por la falta de estudios de impacto hidráulico en todas las obras públicas y privadas.

El especialista que trabaja en proyectos hidrológicos Argentina y Uruguay y Paraguay considera que lo más grave son las obras públicas por su escala, como la del puente Rosario-Victoria ha tenido un impacto enorme y está generando una erosión muy intensa sobre las islas. “Paranacito está en el final del problema, con lo cual está en el lugar más comprometido. Sus habitantes son los que sufren todo. Lamentablemente para mí están destinados a desaparecer”, dice.

“Estamos complicados desde el punto de vista de la preservación de los humedales y somos un país que cada vez tiene más humedales. El año pasado tuvo 7 millones de hectáreas bajo el agua. Está muy bien hacer un inventario pero además hay que hacer los estudios correspondientes y con seriedad. Si no se hacen las obras de fondo pensando en una política de seguridad hídrica estamos todos muy complicados”.

Aunque pone el acento en la obra pública, Daniel coincide en que ninguno de los emprendimientos privados tiene permiso para construir. “Ninguno tiene los estudios que lo respalden. Hay 300.000 hectáreas de endicamientos en la zona y nada más que 5 emprendimientos pidieron autorización. Además generan perjuicios sobre todo a los vecinos”.