Martín Alejandro Robalo, ex director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Federal, admitió haber cometido delitos contra la Administración Pública y aceptó ser condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de peculado, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
El ex funcionario aceptó los cargos en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que alcanzó con la Fiscalía. Además de cumplir reglas de conductas, se comprometió a devolverle al Municipio de Federal 875.133,51 pesos, cifra que sustrajo de las arcas del Estado a través el producido de la venta de materiales de residuos –reciclables obtenidos de la planta de tratamiento de residuos municipal.
Robalo fue denunciado a fines de agosto de 2018 por el intendente Gerardo Chapino (PJ), quien, en una conferencia de prensa dio a conocer la situación y lo apartó del cargo. Entonces, sostuvo: “Hicimos lo que corresponde en estos casos, porque en nuestra función nosotros no permitimos ningún tipo de delitos”.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado el miércoles pasado en una audiencia ante el juez de Garantías de Federal, Maximiliano Larocca Rees; y en la que participaron la fiscal Susana Irurzún; el abogado defensor del acusado, Gustavo Rader; y el abogado del Municipio, Juan Manuel Benítez. El juez abrió un cuarto intermedio hasta el 30 de diciembre para dar a conocer si homologa el acuerdo y condena al ex funcionario, publicó el portal Entre Ríos Ahora.
Entre la prueba presentada al magistrado se mencionó la denuncia del intendente Chapino; declaraciones testimoniales de empleados municipales y del contador del Municipio, Maximiliano Taborda, quien detectó la maniobra fraudulenta.
La maniobra de Robalo consistió en pedirle a la empresa compradora de los residuos reciclables, “Las 3E SRL”, que transfiera a su cuenta particular parte del dinero que debía ir a las arcas municipales.
LAS TRANSFERENCIAS DE LA VENTA DE RESIDUO
En la audiencia del miércoles 22, la defensa del ex funcionario solicitó al juez Larocca Rees limitar el trabajo de los periodistas presentes bajo el argumento de garantizar “los derechos de su defendido”. En concreto, pidió que se impida a la prensa filmar la audiencia pública.
A dicha petición se opuso la fiscal Irurzún, quien resaltó que se estaba ante un caso que involucra a un ex funcionario público. El juez de Garantías coincidió con la representante del Ministerio Público Fiscal y el trámite prosiguió con la exposición del acuerdo alcanzado entre las partes.
Al exponer los hechos acordados, la fiscal indicó que Robalo aceptó que en su carácter de director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Federal abusó de sus funciones y sustrajo, en distintas oportunidades, dinero del patrimonio municipal.
Enumeró que se registraron seis transferencias de dinero del municipio a su cuenta en el Banco de Entre Ríos entre junio y noviembre de 2017; y siete entre febrero y agosto de 2018.
Los montos iban desde cifras de 18 mil pesos a 50 mil pesos. En total, se contabilizó que sustrajo 383.406,48 pesos, dinero que era el producido de la venta de materiales de residuos –reciclables obtenidos de la planta de tratamiento de residuos municipal, y cuya custodia le fue encomendada a Robalo.
En el acuerdo de juicio abreviado, la Fiscalía señaló que el imputado “desplegó una conducta que verdaderamente importó una apropiación definitiva de los caudales públicos mediante la maniobra descripta -con el consecuente quebranto para las arcas públicas municipales. El imputado tenía total conocimiento de esta situación. Tenía pleno y certero conocimiento de su obrar ilícito, y así mismo opto por sustraer estos fondos públicos para su propio provecho”.
Al finalizar, solicitó al juez que el ex funcionario sea declarado responsable del delito de peculado en concurso real y que sea condenado a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y al pago de la suma de 875.133,51 pesos, correspondiente a capital e intereses y que deberán ser pagados en dos cuotas: 437.566,75 pesos, primero; y 437.566,75 pesos, después.
Además, se fijó que durante tres años mantenga informada a la Justicia sobre su residencia; y que desarrolle trabajo comunitario, que deberá ser controlado por la Oficina de Medios Alternativos (OMA). Ahora, sólo resta que el juez homologue el acuerdo.