¿El “problema” es de la pobreza o de la riqueza?

Opinion – Luis Edgardo Jakimchuk / Raymond Edward Pahl, profesor Emérito de Sociología en la Universidad de Kent, sostiene que “las cuestiones relativas a una ciudad justa, guardan una relación más significativa con los ricos que con los pobres, ya que el nivel de restricción fiscal de los ricos, es probablemente la clave de las variaciones en la desigualdad social”. Señalaba también que “mientras existe un cierto consenso acerca de que los pobres no deberían ser tan pobres, no existe ningún consenso semejante acerca de que los ricos no deban ser tan ricos”. A decir verdad, es muy probable alcanzar un acuerdo con el análisis de Pahl. 

Una forma alternativa de observar este fenómeno es preguntarse: ¿cuánto de la desigualdad que hoy observamos es atribuible al más rico?  

El método más simple de responder esta pregunta es tomar los datos de la Encuesta Socioeconómica y calcular el Gini. El coeficiente de Gini aumentó de 0,434 a 0,451 entre los 2° trimestres de 2019 y 2020; traducido: el 10% de la población más rica pasó a percibir 19 veces más ingresos que el 10% más pobre. La brecha es tres veces mayor que hace un año, cuando la diferencia era de 16. Este dato que surge del informe sobre la Evolución de la distribución del ingreso que elabora el Instituto de Estadísticas y Censos, pese a ser de utilidad para dar cuenta de la magnitud de la misma, no resulta suficiente para entender sus causas, profundidad y persistencia.

Esto lleva a clarificar la diferencia entre ingreso y riqueza.  

El ingreso es la cantidad de dinero que una persona recibe por un salario, por rendimientos de alguna inversión, o por beneficios que le brinda el Estado. En oposición, los millonarios obtienen la mayor parte de sus ingresos de los rendimientos de su riqueza, bienes raíces y transacciones financieras y no de salarios o transferencias como la mayoría de las personas. Si bien su ingreso no crece igual de rápido que el de los grupos más pobres, siguen acumulando riqueza. Esa relación es aún más inequitativa si se mide la riqueza, es decir la acumulación de propiedades.

La pobreza y desigualdad como categoría moral 

El INDEC estima que este año 3,7 millones de argentinos perdieron sus empleos. Esto se debe a una caída del 16% de la actividad económica, que produjo un deterioro de los ingresos de casi de un 20%, con una inflación acumulada del 26,9% hasta octubre. La consecuencia es una ampliación de la desigualdad, ya que los ingresos que más caen son los de los sectores más postergados. En síntesis, la pobreza alcanza a más de 20 millones de personas, (el 44,2% de la población argentina).

En cuanto al alcance de la muestra del Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre pobreza en el tercer trimestre de este año, conocida recientemente, muestra que el 64,1% de los y las menores de 18 años vive en hogares pobres; es decir, son personas pobres por ingresos. La pobreza concentra sus efectos en la población localizada en hogares conducidos por personas que afrontan coyunturas de desocupación o subempleo (80,3%), en los segmentos de trabajadores marginales (77,2%) e integrados (54,6%).

En los 3.259 km2 que tiene Concordia de extensión conviven 192.136 personas. El 52,2% están en situación de pobreza, y 12% de indigencia, lo que la ubica a más de 10 puntos del promedio nacional. La tasa de actividad proyectado 2020 (pos pandemia) 26.31%; tasa de empleo 24.11%; tasa de desempleo 17.15%.

La riqueza colectiva concordiense (el Producto Bruto General), desnuda la matriz productiva con un fuerte sesgo en las actividades primaria y servicios esenciales y una exigua participación en la industrialización y agregado de valor. En valores corriente, el PBG proyectado para el año era de $ 33.338.954.000; bajando por la pandemia a $ 24.004.047.000. Esto vislumbra un fuerte condicionamiento para el desarrollo futuro. Si desde el Estado no se crean condiciones en forma profunda y sostenida para recomponer un estatuto de desarrollo de valor agregado a la matriz productiva, se esta condenado a perder más competitividad, inversión, trabajo, precariedad y recursos para el Estado.  

También se profundizará la desigualdad, tanto en su vertiente de resultados (ingresos y riqueza) como de oportunidades, que es una realidad lamentable en Concordia, un rasgo estructural de esta región, una especie de seña de identidad. El hecho es que estas dos desigualdades se retroalimentan y son responsables de la persistencia de núcleos duros de pobreza que se trasmiten generación tras generación.

No son pocos los empresarios de nuestra región (dueños de las riquezas y herramientas de trabajo, amplia mayoría de la actividad primaria), que sostienen que son los únicos formadores de riquezas y en consecuencia hay que concederle todos los beneficios tributarios porque son los más altos del mundo y alejan las inversiones. Es una falacia que la presión impositiva sea coercitivo y alejen inversiones. Lo que buscan es que NO se vincule su riqueza con el empobrecimiento de las mayorías. Sin embargo, la pobreza no puede pensarse sin la capacidad de generación de riqueza que posee una sociedad. 

La riqueza producida no surge de la nada, surge del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras con salarios que caen año a año, sumado la inmensa informalidad laboral. Surge del Estado que con políticas orientan las condiciones de mercado, que garantiza el mercado interno y externo, la sostenibilidad y la rentabilidad.  

John Bates Clark, economista neoclásico estadounidense, dedicó una parte importante de sus investigaciones a estudiar la relación entre productividad y salarios. Sostenía “si no hay una garantía explícita y demostrable, en el sentido de que los trabajadores puedan ser retribuidos en equivalencia a su aporte al proceso productivo, la paz social en el capitalismo no podrá ser garantizada”. En la matriz productiva concordiense, ¿se puede demostrar que los salarios de los aportes específicos de los producido por los trabajadores y las ganancias son exactamente iguales a la productividad marginal del ingreso de cada factor productivo”?

La brecha no sólo afecta al acceso a oportunidades y recursos de los trabajadores, sino el reconocimiento, la empatía y la solidaridad. Es decir, los ricos no sólo concentran el poder económico, judicial y político, sino también el poder simbólico que hace que sus privilegios se presenten como legítimos, justos, ganados, legales y valiosos.

Desde ya, el gobierno tendrá que intervenir en materia distributiva. No será tarea sencilla.

La discusión no se debe agotar en la redistribución de ingresos que permitirá la mayor recaudación para el Estado, tampoco aceptar la distribución primaria de ingresos como es hoy en la cadena de producción. Esto involucra poner en discusión el aumento de los salarios reales, la creación de puestos de trabajo dignos, atacar la precarización laboral y la tercerización. Políticas favorables al cooperativismo y pymes, a la incorporación de valor agregado, al control de precio tarifas máximas, entre otras políticas necesarias para la recuperación económica.

En el 2021, habrá una recuperación económica y los sectores más concentrados de la economía querrán llevarse la mayor parte, el gobierno debe apuntar a la recuperación del salario real, que está prácticamente al mismo nivel que en septiembre del año pasado y 15,8% por debajo del promedio de 2015. El salario es lo que incide sobre el consumo, que en definitiva representa el 70% del PBI. La inversión no depende de la baja de impuestos sino de que haya más demanda.

Dicho esto, deberíamos interrogarnos: ¿desde dónde discutir la desigualdad? ¿Qué lugar ocupa la multidimensional pobreza en nuestro ámbito de incumbencia moral? ¿Qué fiscalidad necesitamos como correctores de la desigualdad para desarrollarnos? 

Estas preguntas aún deben realizar su propio recorrido. La política tiene la responsabilidad de iniciar el camino para romper ese círculo perverso de la pobreza que, en cada crisis, se profundiza.