Bordet pone la lupa en el Consejo de la Magistratura y salarios judiciales

El Gobernador brindó una extensa entrevista que tuvo a la Justicia en uno de los capítulos. Los dichos de Castrillón cuando habló de mafias, los concursos y las “asimetrías” en los sueldos del Estado.

Gustavo Bordet brindó una entrevista al sitio Página Política, de la que participaron los periodistas Luz Alcain, Pablo Bizai y este cronista. Hubo un capítulo referido al Poder Judicial. También surgió, del debate de la Caja de Jubilaciones, “las asimetrías” salariales en el Estado. A continuación el extracto del reportaje.

-¿Reforma judicial?

-Hay que hacer una reforma judicial, pero no ahora, por el mismo motivo de la reforma política. Pero lo he dicho hasta el cansancio. Acá hay jueces y fiscales que son eternos y cualquier profesor en una universidad tiene, cada determinado tiempo, que rendir ante un tribunal examinador para revalidar. En cualquier otro poder del Estado para ejercer la función tiene que ganar elecciones para legitimarse. A un juez se lo nombra una vez que queda para toda la vida. Eso no es bueno. Un juez tiene que capacitarse y ser evaluado. Hay que reformar el Consejo de la Magistratura y hay que tener un mecanismo de selección de jueces y fiscales que sea más democrático.

-Pero para eso va a tener que reformar la Constitución.

-Sí, pero hay un tema que se puede hacer sin reformar la Constitución. ¿Hoy cómo se cubren las suplencias? Se la nombra a dedo, en el mismo Poder Judicial sin intervención de los otros poderes. Una vez nombrado quedan tres, cuatro, cinco años en el cargo, se presentan a un concurso y como tienen más antecedentes (por ejercer ese cargo interno) quedan y eso cierra las posibilidades a otras personas. Ante una suplencia, podría elevarse una terna para que el Poder Ejecutivo decida uno y luego enviarlo al Senado para que se le preste acuerdo. No estoy de acuerdo con el sistema anterior en el que el gobernador elegía los fiscales y los jueces, pero tampoco estoy de acuerdo con este sistema. Son las cosas que hay que reformar y por la pandemia no lo hemos podido llevar adelante.

-En diciembre del año pasado, cuando Emilio Castrillón era aún presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dijo que había sectores de la política que se inmiscuían en causas judiciales. Habló de mafias. Desde el Ejecutivo no hubo ni respuesta ni aclaración. ¿Qué tiene para decir?

-Hablo por mí y por lo que me toca. Jamás he hablado o levantado el teléfono a juez o fiscal para pedirle que haga una determinada cosa. Todas las charlas que he tenido con los miembros del Superior Tribunal, el defensor oficial, el procurador general han sido todas institucionales y sin ningún sesgo de promover una acción. Hemos mantenido siempre una relación de poderes sin intromisiones. Tampoco he dado instrucciones a ningún ministro, diputado u operador político como se llama en la jerga para que opere en el Poder Judicial. Eso se lo puede preguntar a cualquier juez, incluido al doctor Castrillón, con quien he hablado muchas veces. Nunca jamás le he insinuado alguna situación de esta naturaleza.

-El secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, dijo tener la sensación que los jueces de primera y segunda instancia fallan a derecho, pero que en la instancia superior, las resoluciones tienen más que ver con cuestiones políticas. ¿Qué opina usted?

-No me gusta opinar sobre los fallos. No me han escuchado nunca salir a criticar ni a aplaudir un fallo, salvo en algún hecho aberrante como el caso Micaela García que critiqué en su momento al juez de ejecución de pena, como así también manifesté mi beneplácito con la rápida resolución del caso. Pero en los casos donde se involucra a la gestión, jamás. Fíjese que hubo fallos, la mayoría en contra de nuestra defensa (Ley de Emergencia Solidaria), y no he opinado. Se está discutiendo la constitucionalidad de una ley y a veces el juez que tiene que ver, así está escrito y me parece mal, es un juez civil o de quiebras, o laboral; cuando la constitucionalidad lo resuelven los máximos organismos, como la Corte y acá el Superior . Pero bueno, es una apreciación. Repito jamás ni critico ni aplaudo fallos.

-Una vez finalizada la emergencia ¿cuál sería el fundamento para retomar la vigencia de convenios en los que no está sentado el secretario de Trabajo discutiendo con sus trabajadores una pauta de incremento?

-Cuando termine la emergencia tenemos que ver cómo queda el equilibrio salarial en cuanto a lo que es administración pública y el resto que no están dentro de las paritarias públicas. La idea es retomar los convenios. Necesitamos un tiempo de transición para reacomodarnos y evitar asimetrías que iban a ser muy marcadas y que además no íbamos a poder pagar.

-Una de las asimetrías aparece con la ley de enganche ¿Se va a discutir después de la emergencia?

-Todo está para discutirse y para charlar. Hablé con la Asociación de Jueces y Magistrados y tienen en algún punto razonabilidad en el planteo de que para el Poder Judicial es difícil negociar los aumentos salariales con el Poder Ejecutivo por la independencia de poderes. También a nosotros nos parece que no hay razonabilidad cuando la Corte da aumentos completamente desproporcionados a los de la administración central. Se podría avanzar en encontrar un mix, poniendo topes para que no haya desfasajes.

Lo cual no quiere decir que se prorrogue o no el desenganche. Lo que hay que evitar son las asimetrías que son muy graves. El Poder Judicial está enganchado con la Corte, pero los jueces entrerrianos se jubilan por la Caja provincial, que tiene garantizado un 82% móvil. Los jueces federales se jubilan por el sistema nacional, que llegará apenas al 70%. Esto impacta también sobre el déficit de la Caja.

Hay que verlo como un todo. Pasa también en otros organismos del Estado. No pueden estar cobrando sueldos privados y jubilarse por la Caja provincial o tener sueldos tan altos. Un director de cualquier empresa del Estado gana mucho más que el gobernador. Y no es un tema de quién gana más o menos. Es factor de ordenamiento. Son las cosas que empezamos a discutir con esta ley, y que cuando termine habrá que seguir discutiendo. Cuando termine la emergencia no queremos seguir gravando sueldos de trabajadores. Pero quienes tienen sueldos muy altos, de más de 200 mil pesos no pueden aportar lo mismo que un trabajador que gana 20.000. Porque uno se va a jubilar con 160 mil pesos y el otro con 16 mil pesos.